Tomás (nombre protegido) tenía 12 años cuando mató por primera vez. Con los años se volvió un profesional y actualmente cumple una condena de 15 años por homicidio. En un diálogo con LA HORA, Tomás explicó que, en Ecuador, un sicario profesional se forma desde niño.
Menores de edad podrían ser juzgados como adultos, en casos de asesinato
La tarde del 20 de noviembre de 2024, fue aprobado el informe para segundo debate el proyecto de Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescente (Copinna), mismo que desde hace siete años ha estado en el Legislativo, sin lograr que se apruebe.
El texto fue trabajado por la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Aunque aún no hay fecha para que los legisladores debatan este Código, durante la sesión del 20 de noviembre de 2024, el asambleísta Jorge Peñafiel (Construye) expuso la posición respecto al Libro IV, de los adolescentes infractores.
La iniciativa de Peñafiel, que se presenta mediante un informe de minoría (un informe que uno o varios asambleístas, miembros de una comisión, pueden realizar cuando no están de acuerdo con el informe aprobado por la mayoría de la comisión), busca procesar como adultos a menores de edad que incurran en delitos contra la vida: sicariato, asesinato y homicidio.
Durante su intervención en la Comisión, Peñafiel indicó que consideran reducir la edad imputabilidad (que no tiene responsabilidad penal) de los menores, es decir, que pase de los 14 años a los 12 años.
También se busca incrementar los tiempos de las medidas socioeducativas. Además, si un menor cumple la mayoría de edad al cumplir su condena, la reforma permitiría que sea trasladado a una cárcel para mayores.
Según Peñafiel, esto dará un mensaje a los adolescentes, para que así desistan al ser seducidos por bandas narcodelictivas.
Bandas criminales ofrecen dinero, casa y alimento a los niños
El estudio ‘Doble criminalización en cantones de alta peligrosidad en Ecuador: un análisis in situ’, señala que las bandas narcodelincuenciales reclutan a menores cuyos hogares son inestables o que han desertado de la escuela.
El informe elaborado por la consultora de política en seguridad pública estatal, Katherine Herrera Aguilar, señala que las zonas “abandonadas por el Estado” son espacios en los que la población es más permeable a los grupos de delincuencia organizada.
Herrera detalló que el trabajo in situ permitió conocer “la otra cara de esta realidad, la que no sale en cifras”, ya que los líderes barriales consultados afirmaron tener un sobrino, vecino o conocido menor de edad que participa en alguna actividad ilegal.
La investigación determina que menores entre los 13 y 16 años son captados a cambio de dinero: “alrededor de $4.000 por trimestre, en los que se incluye casa y alimentación”.
Las provincias con más violencia y pobreza son precisamente las que más reclutamiento infantil presentan: Esmeraldas, Manabí, Guayas y Los Ríos. (AVV)
Diario La Hora
