El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) analizaría la situación de María de los Ángeles Bones Reasco que es parte de la comisión ciudadana que lleva a cabo el concurso público de selección de dos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, a la vez, es candidata a ser consejera electoral en ese mismo proceso.
Para este lunes, 25 de noviembre, se convocó a una sesión extraordinaria en la que está previsto conocer un informe jurídico respecto de un posible conflicto de intereses en el que habría incurrido María de los Ángeles Bones, exjueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de transición.
Bones participó en el 2021 en un concurso público para ser parte de la comisión ciudadana para la renovación parcial del CNE y constó entre las 30 personas mejor puntuadas.
Debido a las renuncias de varios miembros de la comisión, el CPCCS hizo un sorteo en el que salió seleccionada Bones y la posesionaron en su cargo el 6 de noviembre de 2024.
Mediante un informe jurídico elaborado por un funcionario, Santiago Peñaherrera, se hizo dicho sorteo que incluyó los servicios de un notario público, en el que no se observó que Bones es también candidata a ser consejera electoral en el mismo proceso en el que ella es comisionada.
Esta situación fue observada por la comisión ciudadana que alertó a los consejeros de Participación de este “posible conflicto de intereses”, pues es “juez y parte”. Además, que la ciudadana no informó que era comisionada y postulante a la vez.
En la plenaria de este lunes, los consejeros prevén conocer un nuevo informe jurídico elaborado por Peñaherrera, en el que se sugeriría que la medida a tomar sea que Bones sea cesada de su función como comisionada.
Pero se mantendría su participación en el concurso para ser vocal del Consejo Nacional Electoral.
Se informó que Bones habría incumplido la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y reglamentos conexos, pues al ser posesionada como comisionada debió informar que era una de las 165 postulantes que pasarán a la etapa de rendición de un examen de conocimientos, tras superar la calificación de méritos.
Con ello se configuraría un conflicto de intereses, por lo que se recomienda al pleno del Consejo que sea cesada de esta función.
No obstante, no se proponen medidas respecto de su participación en el concurso público para ser consejeros electorales.
Esta no es la primera ocasión que basados en informes jurídicos, el CPCCS habilita a ser parte de esta comisión ciudadana a personas que están impedidas.
En agosto de 2024, se hizo un sorteo público con la presencia de un notario para escoger a comisionados suplentes de la ciudadanía y un comisionado principal y su suplente.
Salieron electos José Valle Calero, Marcela Sánchez Sarmiento, Íngrid Raza Parra y Dalai Mendoza Llaguno.
Dalai Mendoza fue escogida como titular y José Valle suplente. Sin embargo, los dos habían sido descalificados durante la fase de impugnación que se efectuó en el 2022.
Valle no se presentó a la posesión, pero Dalai Mendoza -pese a que fue descalificada por una impugnación- renunció a ser parte de la comisión ciudadana y el pleno del Consejo le aceptó la renuncia. (I)
Fuente: El Universo