“Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia”, fue una de las primeras frases que Daniel Noboa dijo como presidente de la República. Lo hizo el 23 de noviembre de 2023, ante la Asamblea Nacional, durante su posesión.
Noboa tomó el poder de un Ecuador sumido en una crisis de seguridad. A dos meses de culminar 2023, en Ecuador ya se habían cometido más de 6.700 asesinatos y 2023 se encaminaba como el año más violento de la historia.
Ecuador cerró con una tasa de 47,2 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Fue el quinto país más violento de América Latina y el Caribe, que a su vez es la región más violenta del mundo. Ecuador superó a países como Haití, Honduras, Venezuela, Colombia y México, históricamente más violentos.
Desde la campaña, Noboa puso a la crisis de seguridad como el principal objetivo de su administración. Anunció el Plan Fénix, cuyo eje central era el montaje de una central de inteligencia y la dotación de equipos de última tecnología para policías y militares.
Una reducción momentánea
En su primer mes completo de Gobierno (diciembre de 2023), las muertes violentas -que son el principal indicador de violencia y criminalidad en un territorio- no cedieron. Pero, el pico de asesinatos llegó a inicios de enero de 2024.
Ese fue el peor inicio de año de la historia nacional. En nueve días fueron asesinadas 247 personas. Si ese ritmo de violencia se mantenía, enero de 2024 hubiese terminado con unos 900 crímenes en un mes. Por eso, el 8 de enero se declaró estado de excepción en todo el país.
En simultáneo, las cárceles -que habían sido el principal foco de violencia en el Gobierno de Guillermo Lasso- se volvieron a complicar. Decenas de agentes penitenciarios fueron secuestrados en las prisiones y Adolfo Macías, alias ‘Fito’, principal cabecilla de Los Choneros, huyó de la Cárcel Regional.
El parteaguas ocurrió el 9 de enero de 2024. Pasado el mediodía, un grupo armado, atribuido a Los Tiguerones, ingresó a la sede del canal TC Televisión, en Guayaquil´, secuestró por minutos al personal de la estación y amenazaba con provocar una explosión.
Esa tarde, el Mandatario firmó el decreto ejecutivo 111 y declaró la existencia de un conflicto armado interno. Ordenó la movilización militar hacia las calles y ubicó a 22 bandas criminales, que calificó como terroristas, como el objetivo de esa guerra.
El efecto fue inmediato. En los siguientes días a la declaratoria hubo 93 asesinatos, la reducción fue del 63% y la contención de la violencia se profundizó al siguiente mes. En febrero hubo 373 crímenes, convirtiéndose en el mes más pacífico desde abril de 2022.
Esa reducción y sensación de pacificación apalancaron la gestión de Noboa, al punto que ese mes, la aprobación de su gestión llegó al 81%. Según la encuestadora Cedatos, esa fue la mejor calificación de un Presidente desde 1979, cuando Ecuador regresó a la democracia.
Sin embargo, la reducción no pudo convertirse en tendencia. Desde marzo de 2024, aunque sin llegar a los niveles de 2023, las muertes violentas empezaron a subir nuevamente. Incluso, en agosto de 2024, hubo 606 muertes violentas, cinco más que en el mismo mes de 2023.
Peor ese no fue el peor momento. En octubre de 2024, en Ecuador se cometieron 679 asesinatos, con lo que se convirtió en el mes más violento de 2024. El incremento, con relación a febrero de 2024 (el mejor mes), fue del 82,04″%.
Según la encuestadora Comunicaliza, en ese mismo octubre, la aprobación de Noboa cayó al 45,9%. Aunque, para esta época, la principal preocupación del país -al igual que en 2023- ya no era la seguridad, sino la crisis energética.
Lo cierto es que entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, durante el Gobierno de Noboa, se cometieron 6.277 muertes violentas. Es decir, se asesinó a 18 personas cada día, en promedio.
Si esa media se mantiene hasta finalizar 2024, el país podría cerrar 2024 con una tasa de 39,2 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Si bien la reducción, con relación a 2023, sería del 16,9%, Ecuador tendría -otra vez- una de las peores tasas de América Latina.
La inversión del Plan Fénix no llega
En septiembre de 2023, cuando Noboa llegó a la segunda vuelta de la elección presidencial, el entonces candidato presentó el denominado Plan Fénix. La parte primordial de la oferta era “una central de Inteligencia que permita proveer de información vital para prevenir delitos, responder emergencias y garantizar la seguridad en los barrios”.
Además, se anunció la dotación de chalecos balísticos con paneles de cerámica, pistolas de precisión, rifles de última generación, equipos de visión termo y nocturna, drones con reconocimiento facial, patrullas con mapeo satelital.
Sin embargo, luego de un año estas ofertas no han pasado de ahí. Al revisar el Sistema de Contratación Pública (Sercop) no se evidencian grandes proyectos de inversión en temas de seguridad. Aunque varios procesos se han declarado reservados.
Si bien el Presidente ha participado en eventos públicos de entrega de vehículos y chalecos antibalas para la Policía Nacional, la compra de los chalecos se empezó a gestionar en la administración de Lasso.
El proyecto más ambicioso de Noboa, que sí se ha puesto en marcha, es la construcción de dos cárceles de máxima seguridad al estilo de El Salvador. La Cárcel del Encuentro en Santa Elena ya está edificándose, cuesta USD 52 millones y se prevé inaugurar a mediados de 2025.
Mientras que para la segunda prisión, que proyecta construir en la Amazonía, ya están listos los USD 25,2 millones necesarios. Aunque todavía no hay fechas ni se ha hecho público el proyecto.
El conflicto armado y los estados de excepción
La principal herramienta de Daniel Noboa, en el combate a crisis de seguridad, han sido los decretos ejecutivos. Además del conflicto armado interno, el Mandatario ha declarado ocho estados de excepción.
Sin embargo, estas medidas han generado observaciones de la Corte Constitucional (CC). El organismo declaró que Noboa no justificó la declaración de un conflicto armado interno, ni sobre los 22 grupos criminales catalogados de terroristas.
Aunque, pese a ese fallo, Noboa ha usado ese argumento para tomar medidas económicas como el alza del IVA del 12% al 15%, con el objetivo de financiar la guerra interna.
Incluso, pese a la negativa de la Corte, Noboa intentó declarar la persistencia de ese conflicto armado interno tres veces más: en abril, en mayo y en julio, en las declaratorias de los nuevos estados de excepción.
Sin embargo, la Corte ya no lo permitió y tumbó los dos primeros estados de excepción en menos de tres semanas. Ambos fueron declarados inconstitucionales y los magistrados reprendieron al Gobierno por no justificar la existencia de un conflicto interno, ni la necesidad del ámbito territorial y temporal de la medida.
El último estado de excepción declarado por Noboa empezó el 3 de octubre de 2024. Lo decretó en seis provincias y en dos cantones: Quito (Pichincha) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay). Pero, el 21 de octubre de 2024, nuevamente la CC lo observó.
Los magistrados declararon la constitucionalidad del estado de excepción específicamente por la causal de grave conmoción interna. Pero volvieron a declarar la inconstitucionalidad del “conflicto armado interno”, en la que el Gobierno lleva insistiendo varios meses sin suerte.
Fuente: Primicias
