El Pleno de la Asamblea Nacional discutió los informes de fiscalización relacionados con las políticas públicas, programas, planes, proyectos y servicios implementados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con relación en la defensa, garantía y promoción de los derechos de los ecuatorianos en el exterior.
Durante el debate, Jonathan Parra, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y ponente, destacó que el proceso de fiscalización permitió recibir la comparecencia de la Canciller y de varios ciudadanos, quienes expusieron diversas inquietudes respecto a la implementación de los servicios ofrecidos por el Ministerio.
Esther Cuesta expresó su preocupación por la falta de avances en la implementación de servicios esenciales, como la asesoría jurídica, y destacó que temas críticos, como las hipotecas vencidas de los migrantes, aún no han sido abordados adecuadamente.
Por su parte, Johnny Lavayen resaltó los esfuerzos del Ministerio de Relaciones Exteriores para brindar asesoría a los migrantes, apoyar en la capacitación para el emprendimiento, generar campañas contra la migración forzosa y avanzar en la digitalización de procesos como la apostilla con firma electrónica y el soporte en tiempo real a través de un chat bot.
Mientras que, Gustavo Matheus señaló que, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de los ciudadanos en el exterior, lamentablemente no ha cumplido de manera adecuada con este deber, lo que pone en evidencia deficiencias en la atención a los migrantes.
Finalmente, Mariana Yumbay subrayó que los migrantes deben ser una prioridad para el Estado, destacando que miles de ecuatorianos continúan emigrando debido a las condiciones de vida en el país, a menudo enfrentándose a la falta de acceso de servicios básicos.
MEV
