Las elecciones presidenciales avanzan en Ecuador, mientras los candidatos y partidos políticos se mantienen en la búsqueda de estrategias que les permitan enviar sus mensajes de campaña al electorado sin ser afectados por las recientes decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que han dado un nuevo alcance al control de la campaña anticipada y la pre campaña.
Como antecedentes, hay recientes sentencias por casos de este tipo, como la que se dio contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sancionado por hacer uso de recursos del Estado en las pasadas elecciones presidenciales adelantadas; o la de los los cuatro consejeros de la llamada ‘Liga Azul’ en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), sancionados por recibir apoyo en las elecciones seccionales de febrero del 2023 por la RC y el expresidente Rafael Correa.
Un ingrediente adicional en la receta de la nueva campaña electoral es la influencia de intereses políticos del TCE, que como lo denuncian expertos electorales, configura un mal precedente para la justicia electoral que afirman dejó de ser imparcial, para acomodarse a los intereses de los grupos de poder.
Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, detalló a LA HORA que la jurisprudencia generada tras la sentencia al alcalde Muñoz, al ser la primera sentencia que sancionó la infracción electoral contenida en el artículo 78 número 3 del Código de la Democracia, ha hecho que las autoridades en funciones tengan mayor prudencia y cuidado de no acompañar la campaña de los candidatos.
Indicó que desde la auditoría que realiza el Observatorio de Control Ciudadano, “no hemos visto que autoridades estén haciendo campaña abiertamente, como lo hacían anteriormente”.
Jaramillo apuntó que están monitoreando la situación y los mensajes que emiten las autoridades.
Al revisar las acciones y mensajes de los candidatos, puntualizó que por el momento vienen desarrollando actividades enmarcadas dentro de precampaña, advirtiendo que luego del comunicado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuestionando la aparición de Luisa González en la transmisión de las eliminatorias al Mundial, el tema será revisado por la organización.
Jaramillo hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE), “para que ellos cumplan su responsabilidad de interponer las infracciones electorales”.
Critican actuaciones del TCE
El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, puntualizó que las últimas decisiones del TCE han demostrado los intereses políticos de los integrantes de la justicia electoral.
Oleas detalló que tanto la decisión que dejó sin efecto la candidatura de Jan Topic por el Movimiento Suma, o el retraso en ratificar la sentencia que condena a los cuatro consejeros de la ‘Liga Azul’ en el Cpccs, “es por el control que tienen dentro del TCE”.
Acotó que la sentencia que condenó a la vicepresidenta Verónica Abad, por la supuesta emisión de mensajes de campaña anticipada en las elecciones seccionales del 2023, fue una “sentencia eminentemente política, porque no podían sancionarle por la campaña anticipada por estar en redes sociales, que eso ni siquiera está regulado”.
Para Oleas, “el TCE baila al ritmo que le toque el movimiento político que tiene mayoría, y eso es una absurda cosa ilegal, porque un juez en derecho tiene que ver las normas de jurisprudencia y no las conveniencias políticas”.
Puntualizó que en Ecuador las conveniencias políticas “siempre se han prestado”, lo que explica que se mantengan los mismos consejeros del Consejo Nacional Electoral. “En Ecuador no tenemos independencia total”.
En este sentido, Mónica Jaramillo coincidió que la sentencia contra Abad, tomada en primera instancia, es un tema político. “Ya existe el recurso de apelación y considero que en segunda instancia dejarán sin efecto esa sentencia”.
La abogada reiteró que las acciones que se solicitan al TCE deberían cumplir las formas técnicas: “el TCE se ha constituido en esa instancia o en esa para que cualquier persona pueda utilizar como una plataforma política para una infracción electoral”. (ILS)
Vacíos legales impiden control de la campaña anticipada al CNE
El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, conversó con LA HORA y señaló que en la actualidad se registra un uso “abrupto y abusivo” de las redes sociales en la precampaña, indicando que los vacíos del Código de la Democracia no les permiten accionar más allá de la ley.
Al evaluar cómo se desarrolla la campaña, apuntó: “es abrupta y abusiva. Son dos expresiones que definen claramente el asunto. Lamentablemente, el Código de la Democracia tiene vacíos legales importantes”.
Acotó que en las organizaciones políticas y los candidatos existen carencias, “vacíos éticos importantes, al amparo de estos vacíos que se dan estas circunstancias”.
En este sentido, puntualizó que, ante los vacíos legales del Código, “lo que estamos haciendo es obtener la información de lo que cuesta cuando publican por propaganda. Tenemos acceso a la información del costo para hacerle los cargos pertinentes en relación a los montos que están autorizados para ser invertidos en propaganda. No podemos detenerlos porque, insisto, no existe una base legal”.
Pita recordó que la campaña anticipada no está definida en la ley: “como Consejo Nacional Electoral establecemos un periodo de inicio de campaña, pero la campaña anticipada, fundamentalmente se concentra en redes sociales”.
Diario La Hora
