Los negocios del crimen organizado en la contratación pública de Ecuador aún no pueden ser evitados por los organismos de control, como el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Según la entidad, solo cuenta con 25 funcionarios para supervisar los procesos de contratación y las denuncias en todo el país.
Una investigación del medio digital Connectas, con el respaldo de Primicias, Plan V, La Fuente, GK, Barra Espaciadora y Tierra de Nadie, reveló que al menos 12 grupos criminales han contratado con el Estado ecuatoriano desde 2010, lo que evidencia la permeabilidad de las entidades nacionales.
El Sercop respondió a Connectas que “se busca fortalecer dichas áreas (supervisión y denuncias) a fin de contar con mayor recurso humano y así poder realizar mejores controles a los procesos”, señaló.
La interconexión de los datos no existe. Sercop añadió que, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajan en un proyecto para cruzar información de las autoridades de control como la Uafe, la Contraloría, el SRI, la Superintendencia de Compañías y la de Bancos “de manera automática, en tiempo real, en los procesos de contratación pública”.
La experiencia colombiana
Colombia tiene condiciones similares en la contratación pública y, sin embargo, ha logrado importantes resultados gracias a la articulación de las autoridades.
La Fiscalía de ese país da cuenta de la imputación de gobernadores del departamento de Arauca que entregaron contratos públicos a un enlace del grupo armado ELN.
Allí tampoco se inhabilita a un proponente por estar procesado por la justicia o ser señalado por inteligencia policial, pero la Secretaría de Transparencia ha delineado una estrategia que ubica a los flujos ilícitos como uno de los cuatro macroprocesos que sostiene el narcotráfico.
Requerido para esta investigación, el Secretario de Transparencia colombiano, Andrés Idárraga Franco, comenta que el fenómeno de vinculación de grupos armados, narcotraficantes y contrabandistas a la contratación pública es una realidad en Colombia y que la labor de las unidades de inteligencia y análisis financiero es determinante en el diálogo con la Fiscalía.
“Nosotros hemos venido insistiendo en el fortalecimiento de los canales de denuncia, especialmente en municipalidades alejadas de las grandes ciudades. Es preciso, importante, determinante para luchar contra la corrupción y el lavado de activos, que la base de beneficiarios finales sea pública”, manifiesta Idárraga Franco.
Muchas leyes, poca aplicación
En Ecuador, las últimas reformas a la Ley de Contratación Pública, vigentes desde el 9 de febrero de 2024, incluyeron normas para prevenir el lavado de activos en la contratación pública y en favor de la transparencia. Sin embargo, no se aplican. “Normativa hay”, dice Adrián Castro, asambleísta proponente de los cambios más recientes.
“Hay una excesiva cantidad de normativa, tanto en las áreas civiles administrativas como penales. Ecuador lo que tiene que corregir son los perfiles profesionales, porque la gente que está dentro del campo de la contratación pública no es precisamente gente que esté capacitada lo suficiente”.
El legislador alerta que en redes sociales hay ofertas de empresas que tienen RUC con antigüedad para facilitar la obtención del RUC y créditos. Y agrega:
“Si usted entra al Marketplace, hay gente que cobra para que un funcionario público pueda dar las pruebas del Sercop para obtener la famosa certificación, es lo más absurdo del mundo. Si usted hace una prueba a los funcionarios públicos, va a darse cuenta que de contratación pública no saben absolutamente nada”.
Una unidad no creada
La última reforma legal dispone la creación de una unidad para articular un seguimiento efectivo a los fondos de los proveedores del Estado, pero esa unidad no ha sido creada.
Según lo publicado en el Registro Oficial de Ecuador, este órgano administrativo debería actuar como una unidad complementaria antilavado de activos que deberá reportar reservadamente las operaciones y transacciones inusuales e injustificadas de las cuales tuviese conocimiento y promover el intercambio de información con la Uafe, el SRI y la Fiscalía que permita combatir el delito de lavado de activos.
Hasta el cierre de este reportaje, la directora general de Sercop, Déborah Jones Faggioni, no accedió a una entrevista, pero ese organismo respondió por escrito que está trabajando en la conformación de una Unidad de Lavado de Activos para cumplir con las reformas a la Ley de Contratación Pública y que, al momento, espera que el Ministerio de Trabajo apruebe la matriz de competencias de esta nueva dependencia.
El asambleísta Castro apunta que “en este momento las instituciones públicas hacen lo que les da la gana, porque el sistema de contratación pública no tiene la capacidad. Es igual que la Contraloría: no tienen la capacidad de auditar todo lo que está pasando en los procesos públicos, es falta de recursos, es falta de tecnología”.
Debido a esa inobservancia de la ley y a la falta de articulación, personajes criminales de alto valor se mantienen como socios de empresas que contratan con el Estado.
Fuente: Primicias
