El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional se reunió este lunes, 18 de noviembre de 2024, para avocar conocimiento sobre la solicitud de juicio político en contra de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez.

La funcionaria es señalada por una posible arrogación de funciones en torno al sumario administrativo que suspendió a la vicepresidenta Verónica Abad por 150 días.

Según un comunicado de la Asamblea Nacional, la solicitud de juicio fue presentada por la asamblesíta de la Revolución Ciudadana (RC) Jahiren Noriega. El pedido de juicio político ha sido respaldado por 43 legisladores, pese a que se requerían 35 firmas, tal como lo indica el artículo 131 de la Constitución de la República, que establece el apoyo de, al menos, una cuarta parte de los miembros de la Asamblea.

El juicio político en contra de Núñez se estableció por seis causales. En la lista de observaciones están el presunto incumplimiento de funciones al no cumplir su deber de garante, inobservar instrumentos internacionales de derechos humanos, vulneración del debido proceso, discriminación, violencia de género, entre otras.

A pesar de que la proponente de este proceso es Noriega, la solicitud de juicio tendría como ponentes a las asambleístas de Pachakutik (PK) Mariana Yumbay; del Partido Social Cristiano (PSC) Carla Cruz; y Cristina Chávez (independiente), suplente de César Umajinga, aunque este último es afín a la bancada de Gobierno (ADN).

La solicitud de juicio en contra de Núñez se dio después que la Asamblea condenara el sumario administrativo que dejó sin funciones a la vicepresidenta Abad. En ese pronunciamiento, el Legislativo también pidió que la ministra Núñez sea llamada a la Asamblea para que informe cómo se desarrolló este proceso en contra de la vicepresidenta Abad.

Sin embargo, por el corto tiempo que queda de funciones a esta Asamblea Nacional, es posible que este juicio lo trate el nuevo pleno de asambleístas que sean elegidos tras los comicios generales del 9 de febrero de 2025.

Pero el juicio político en contra de la ministra Núñez no fue el único que conoció hoy el CAL. También conoció la solicitud de juicio político por presunto incumplimiento de funciones contra Sofía Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, iniciativa del asambleísta Xavier Jurado.

En ambos casos, el CAL requirió a la Unidad de Técnica Legislativa el respectivo informe técnico-jurídico no vinculante, de cumplimiento de requisitos, que deberá de remitirse en el plazo máximo de tres días, a partir de la notificación de lo resuelto. (I)