Cinco días han transcurrido sin que una jueza de Quito tramite una acción de protección con medidas cautelares que suspenda la ejecución de la sanción que enfrenta la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, que es el camino para destituirla del cargo, advirtió.
La segunda mandataria presentó, el 11 de noviembre de 2024, una acción de protección con medidas cautelares para que se impida la ejecución de la suspensión del ejercicio del cargo por cinco meses sin sueldo que dictó el Ministerio del Trabajo en su contra el 8 de noviembre último.
De acuerdo con la Constitución, la ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República por tres meses se transforma en ausencia definitiva, y procede su reemplazo de una terna que envíe el primer mandatario a la Asamblea Nacional.
El Ministerio abrió un sumario administrativo a Abad luego que, en su función de embajadora de Ecuador en Israel, no se trasladó a Turquía antes del 1 de septiembre, debido a la escalada del conflicto bélico en el Medio Oriente. Ella lo hizo el 9 de septiembre.
Eso configuró, según la cartera de Estado, que incurra en el literal b del artículo 48 sobre las causales de destitución contempladas en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), por abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos.
Se la sancionó con la suspensión por cinco meses (150 días) del cargo de vicepresidenta de la República sin remuneración.
La acción de protección la conoce la jueza de la Unidad Judicial de la Familia de Quito Nubia Vera Cedeño, quien no ha respondido a la petición de medidas cautelares.
No obstante, antes de calificar la demanda, Vera pidió a la accionante que en un término de tres días presente copias certificadas de la acción de personal que la acredita como vicepresidenta de la República y copias certificadas del recurso de apelación de otra acción de protección que interpuso semanas atrás para evitar el sumario administrativo. Aunque le negaron.
A través de su abogada, Dominique Dávila, Verónica Abad envió a la jueza la credencial que le entregó el Consejo Nacional Electoral (CNE) en que se reconoce su designación en el cargo de vicepresidenta, tras los comicios generales anticipados de octubre de 2023.
La segunda mandataria pidió a la jueza que analice el sumario administrativo porque tiene como fin destituirla del cargo, ya que se basa en la causal b del artículo 48 de la Losep, sobre las “Causales para la destitución”.
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— Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) November 14, 2024
“De permitirse que continúe la sustanciación del sumario, irremediablemente seré destituida del cargo, puesto que hay serios indicios para presumirlo, tales como: el ejercicio de una competencia cuestionada; la destitución de la segunda autoridad nacional de elección popular por parte de una autoridad administrativa; las declaraciones públicas de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, en franca animadversión con la compareciente”, dice la demanda.
Esto “representa una grave amenaza hacia la institucionalidad democrática del país, pues se busca dejar un nefasto precedente de destitución del cargo de la vicepresidenta del país y junto con esto la posibilidad de que la Función Ejecutiva pueda separar de la función pública a todo tipo de autoridad del Estado, lo que incluiría a sus adversarios políticos en menoscabo del Estado democrático”.
La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez Figueroa, recordó a Abad que en la primera acción de protección que interpuso, para evitar el sumario administrativo y que le negaron, la jueza señaló que el Ministerio del Trabajo era competente para sustanciar este sumario administrativo.
Por lo que “se está cumpliendo una sentencia constitucional de una jueza”, aclaró Núñez en una entrevista en el programa Carlos Vera a su manera del 13 de noviembre de 2024.
La Asamblea Nacional rechazó y desconoció la actuación del Gobierno de Daniel Noboa, y cuatro asambleístas de las bancadas de oposición en la Asamblea Nacional presentaron —este 14 de noviembre— una solicitud de juicio político a la ministra Núñez por incumplimiento de funciones, motivada en una posible arrogación de funciones.
Núñez increpó que le imputan ser quien tomó la decisión de suspender a Abad. “(Pero) yo no fui”, dijo, sino la funcionaria Espinoza, que es directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Servicio Público del Ministerio, que es equivalente a una “juez administrativa”.
“Me imputan que soy la que ha tomado la decisión. (Ruth Espinoza) es sustanciadora administrativa; sería el equivalente a un juez… Y estoy totalmente de acuerdo con la decisión que ella adoptó. Ella cumple con una estructura motivacional”, argumentó la secretaria de Estado y dilucidó que los juicios políticos son “por responsabilidades directas, no por responsabilidades indirectas”.
El pleno de la Asamblea Nacional, en una sesión del 13 de noviembre de 2024, aprobó una resolución con 86 votos en la que rechazó la suspensión del cargo de Abad y, como parte de las acciones por tomar, enviaría a la Corte Constitucional (CC) una acción de interpretación constitucional.
Hasta la tarde de este viernes, el escrito no constaba como ingresado en el sistema de causas de la CC.
Fuente: El Universo
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