La Comisión de Soberanía Alimentaria recibió al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque; a la subsecretaria de Gestión de Riesgos, Andrea Hermenegildo; y, al delegado de la Defensoría del Pueblo, Manuel Solano, quienes explicaron las situación actual de la provincia de Chimborazo y las acciones emprendidas para la atención de la emergencia que afronta este sector.
En este contexto, el ministro de Transporte aseguró que la red vial estatal de Chimborazo, como en el caso de la E35 (Panamericana), está en muy buen estado, si bien se mantienen algunos tramos con algunas deficiencias que se están corrigiendo, con lo cual las vías se encuentran habilitadas en un 70 %.
Añadió que es una prioridad atender las vías arteriales que sufren problemas, como la ruta Babanera-Pallatanga-Cumandá-Bucay-Guayaquil, al indicar que el plan de mantenimiento vial para Chimborazo supera los 800 mil dólares.
De su lado, la representante de la Secretaría de Gestión de Riesgos aseguró que las áreas de trabajo no solo están en la atención humanitaria, sino también en temas relacionados con la evaluación de la vulnerabilidad o los mapas de riesgos que presentan las zonas afectas.
Para ello, se han invertido 255 mil dólares para levantar una proyección de geofísica y geológica en Alausí, además de cerca de 100 mil dólares en atención humanitaria a las familias afectadas en Cumandá, Penipe y Alausí. Se ha hecho un trabajo conjunto con los ministerios de Inclusión Económica y Social; de Transporte y Obras Públicas; y, de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Entre tanto, Manuel Solano aseveró que la Defensoría del Pueblo, desde el momento en que ocurrieron las tragedias en los referidos cantones, inició una investigación defensorial y se solicitó a las autoridades locales que informen sobre las acciones de mitigación y atención a los afectados. Hemos avanzado en este estudio y en los próximos días tendremos los resultados del mismo, resaltó.
Mientras, el alcalde de Penipe, Darwin Freire expuso los hechos ocurridos en este cantón, las decisiones que adoptó el gobierno autónomo y las acciones tomadas para mitigar los daños causados por esta emergencia. El gobierno municipal actuó con apego a la Ley, aseveró que, para mantener los servicios públicos y también para activar la ayuda humanitaria para las familias damnificadas, con el apoyo de autoridades provinciales y nacionales, buscando generar soluciones de manera conjunta.
Comisión general
De otro lado, la mesa escuchó a Nicolás Endara, de la Asociación de Productores de Ciclo Corto (maíz, soya), pidió que el Ministerio de Agricultura explique la situación de estos productos; que haga un inventario de estos cultivos, para planificar la entrega de licencias de importación que se requieran.
José Luis García, productor del cantón Nobol, expresó su preocupación por el precio de sustentación del arroz, que no se ha subido en la proporción de los costos que implica su cultivo. Solicitó que el Ministerio rector convoque a una mesa técnica para analizar el precio de la graminea y que se dé paso a una nueva conformación del Consejo Consultivo del Arroz.
Finalmente, Francis Abad, y del sector lechero, dijo que luego haber obtenido una Ley tan anhelada, lamentablemente, el Reglamento desnaturalizó el objetivo de la norma, lo cual afectó a los intereses de los productores, sobre todo en respecto de la fijación del precio de sustentación del producto. Ante ello, se planteó una Ley Interpretativa del artículo 24 de esta normativa, para aclarar su alcance.
EG
