El martes 19 de noviembre, la jueza anticorrupción Karol Zambrano dará a conocer su resolución oral sobre si llama o no a juicio a Francisco Sebastián B. A. y a Daniel Lenín R. P., hijo y asesor, respectivamente, de la vicepresidenta Verónica Abad, ambos acusados del delito de oferta de tráfico de influencias.
Entre la tarde y la noche de este jueves, 14 de noviembre, se realizó la segunda parte de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del denominado caso Nene. Durante la diligencia se escuchó el dictamen acusatorio del fiscal Leonardo Alarcón, quien, luego de exponer 54 elementos de convicción, pidió a Zambrano que llamara a juicio en calidad de autores directos a los dos procesados.
También intervinieron las defensas de Francisco Sebastián B. A. y Daniel Lenín R. P., quienes rechazaron las acusaciones fiscales y aseguraron que no hay un solo elemento que demuestre la responsabilidad de los sospechosos en el delito investigado, sino solo conjeturas de la Fiscalía.
El proceso penal del caso Nene arrancó el 22 de marzo pasado con la detención en Cuenca del abogado Francisco Sebastián B. A., de 28 años, bajo cargos del delito de oferta de tráfico de influencias. Alarcón señaló en su acusación que la investigación giró en torno a la alerta colocada en el buzón de denuncias de la Fiscalía General por Romel P., quien aseguraba que temía por su seguridad, pues luego de trabajar en la Vicepresidencia de la República observó irregularidades.
El denunciante habría asegurado que fue contactado por los dos hoy procesados para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República, pero a cambio pedían entregarles mensualmente una buena parte del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir. Primero se le exigían $ 2.000 mensuales, y luego de una “negociación” la cifra quedó en $ 1.500.
Romel P., quien actúa en la audiencia preparatoria de juicio en calidad de víctima, refirió en su denuncia que no habría podido pagar nada de lo pactado porque antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600, que le hizo supuestamente firmar Francisco Sebastián B. A., lo habrían desvinculado del cargo en la Vicepresidencia de la República.
#AHORA | #CasoNene: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se reinstala la audiencia preparatoria de juicio. #FiscalíaEc presenta su dictamen acusatorio contra Francisco B. y Daniel R., procesados por su presunta participación en el delito de #OfertaDeTráficoDeInfluencias. pic.twitter.com/VfpP1OnNmT
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 14, 2024
Oswaldo Trujillo, abogado del hijo de la vicepresidenta Abad, sostuvo que con su argumentación se desvanecieron una serie de elementos llenos de “imprecisiones y contradicciones” planteados por la Fiscalía.
Por ejemplo, Trujillo refirió que respecto a la reunión que el denunciante dijo haber mantenido con los investigados no hay una sola evidencia que corrobore el hecho, más allá de solo la palabra de Romel P., o, sostuvo, la supuesta víctima habló de fechas distintas para referirse a los mismos hechos. Incluso, recordó, la foto con la supuesta letra de cambio firmada bajo amenazas no fue encontrada en el celular del denunciante, sino que fue entregada en un CD por el propio Romel P.
“Hay cosas que dan a entender que hay un influjo de poder en este caso para hacer creer que existe esta oferta de tráfico de influencia. (…) Parecería que todo eso es inducido por la Unase (de la Policía Nacional) y la Fiscalía”, mencionó el abogado de Francisco Sebastián B. A., quien tiene claro que existe un llamado a juicio contra su cliente, pero eso no tiene nada que ver con lo jurídico, sino va más por la línea política que está dejando las desavenencias políticas de la vicepresidenta Abad.
Si la jueza Karol Zambrano decide llamar a juicio a los procesados, deberá ser un tribunal el que deba conocer la audiencia de juzgamiento por el delito tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma que habla de la oferta de realizar tráfico de influencias señala penas privativas de libertad de tres a cinco años.
Fuente: El Universo
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