La Comisión de Biodiversidad recibió a varios representantes de las juntas de agua de las distintas provincias del país, quienes formularon observaciones y propuestas relacionadas con las reformas a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, específicamente en lo que corresponde a la gestión comunitaria del agua para riego y para consumo humano.
En este contexto, Segundo Guaillas, presidente de la Red de Organizaciones Sociales y Comunitarias de Gestión de Agua del Ecuador, que reúne a más de 600 juntas de agua para riego y para consumo humano de todo el país, presentó una propuesta que recoge un trabajo colectivo y continuo de los actores comunitarios, con el propósito de fortalecer la gestión comunitaria del agua, ya que se presta este servicio a más del 30 % de la población del país. “Queremos que la nueva ley contenga un capítulo específico sobre la gestión comunitaria del agua”, dijo.
De su lado, Manuel Ushiña, de la provincia de Chimborazo, recordó que a más de ser un bien patrimonial, un bien público, es un derecho humano; la gestión del agua, de conformidad con la Constitución, debe ser pública o comunitaria y, en este espacio, todos quienes viven fuera de la cabecera cantonal, son quienes contribuyen al Estado, a través de mingas, de acciones comunitarias, es lo que comprende la gestión comunitaria del agua y este esquema debe ser fortalecido en la ley, con la creación de un Fondo Nacional del Agua.
Gloria Malavé, de Santa Elena, se pronunció en torno al fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua, priorizando el acceso al agua para consumo humano y para la soberanía alimentaria, a fin de combatir el acaparamiento del agua. Se planteó, así mismo, un régimen laboral especial para quienes trabajan en la gestión comunitaria del agua.
Alfonso Puente, de la región Amazónica, subrayó que no se está cumpliendo el mandato constitucional relacionado con la gestión del agua, porque estas instancias administradoras del líquido vital no cuentan con los recursos ni la estructura necesaria para la sostenibilidad del sistema. De allí que solicitan la inclusión de beneficios en la ley, para compensar la falta de apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados.
Entre otros aspectos, los representantes de las juntas de agua reiteraron su oposición al extrativismo y la minería, a fin de garantizar el acceso al agua para las actuales y futuras generaciones. También se oponen a la privatización del agua por parte del sector agroexportador; y, que se incluya en la ley el acceso del productor a créditos de parte de la banca pública.
EG
