Con el fin de que Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) en el Gobierno de Rafael Correa, sea traído al país para que enfrente el proceso penal por el delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, el 11 de noviembre último, solicitó a las autoridades de México que permitan la extradición del exfuncionario público, quien actualmente tiene dos sentencias en firme por actos de corrupción.
Del paso dado dentro del expediente de extradición abierto en la Corte Nacional informó Suing hace pocos días al juez temporal Julio Inga, magistrado nacional que mantiene a su cargo el proceso penal por peculado contra Solís; el exvicepresidente de la República Jorge Glas; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico; y otros cinco exfuncionarios del MTOP, el Servicio de Contratación de Obras (Secob) e Inmobiliar.
“Por disposición de José Suing, presidente de la CNJ, pongo en su conocimiento (juez Julio Inga) para los fines de ley el auto dictado el 11 de noviembre de 2024, dentro del expediente de extradición número 24-2024, en el que se solicita formalmente a los Estados Unidos Mexicanos concedan la extradición del ciudadano ecuatoriano Walter Hipólito Solís Valarezo”, señala el escrito entregado al juez de la causa.
Dentro del documento en el que se justifica el pedido hecho a México se recuerda que el 12 de abril pasado el juez Inga ordenó que Walter Solís sea detenido por considerar que podría ser responsable de haber abusado de bienes públicos. Luego de conocer que este ciudadano es susceptible de ser localizado en México, el magistrado solicitó que se realice el trámite para que el procesado sea traído al Ecuador.
Siete meses después de emitida la orden de prisión preventiva contra Solís, la respuesta desde la presidencia de la CNJ fue que, el 11 de noviembre último, se ha solicitado a las autoridades de México que entreguen al ciudadano Walter Solís para que cuando se encuentre en el país pueda estar presente en el juicio y defenderse de las acusaciones en su contra.
El pedido se hace pese a que el exministro del correísmo, desde 2021, mantiene la condición de refugiado en México. El estatus fue otorgado por la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, luego que el 6 de marzo del 2020 se admitiera a trámite la solicitud.
Walter Solís mantiene dos sentencias en firme de ocho años cada una por los delitos de cohecho pasivo agravado, en el caso Sobornos 2012-2016, y por peculado, dentro del denominado caso Senagua.
Actualmente las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México no atraviesan sus mejores momentos. Esto debido al impase que ocasionó la incursión policial en la Embajada de México en Quito, el 5 de abril pasado, para detener al líder correísta Jorge Glas, quien debía completar una pena unificada de ocho años de cárcel impuesta por delitos de corrupción y cumplir la orden de prisión preventiva dentro del caso Reconstrucción de Manabí.
Las diferencias no solo se dieron por la forma de ingresar la fuerza pública a la delegación diplomática, sino también porque México había extendido el asilo al exvicepresidente Glas.
Ante la suficiencia de los antecedentes elevados a la presidencia de la CNJ, José Suing dictaminó la procedencia del pedido de extradición formulado por el juez de instancia Julio Inga. La solicitud de extradición se hizo con base en el Tratado de Extradición entre el Gobierno de Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, adoptado en la Ciudad de México el 24 de abril de 2006.
Se explicó que se solicitaba formalmente a los Estados Unidos Mexicanos concedan la extradición del ecuatoriano Walter Solís para que este continúe el proceso penal instaurado en su contra por el presunto delito de peculado. Continuando con el proceso se remitió un oficio a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, para que se realicen las gestiones diplomáticas pertinentes con sus homólogos mexicanos para obtener la extradición de la persona requerida.
A la solicitud se adjuntaron copias certificadas del auto emitido por el presidente Suing; el auto dictado el 29 de abril último, mediante el cual Julio Inga, juez nacional, solicita el inicio del trámite de extradición de Walter Solís; documentos de identificación del ciudadano; extracto de la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal y formulación de cargos efectuada el 12 de abril de 2024, en la cual se inició el proceso penal en contra de Walter Solís y se ordenó la medida cautelar de prisión preventiva; la orden vigente de localización y captura emitida en contra de Solís; oficio del 15 de abril de 2024 dirigido al comandante de la Policía Judicial, para que se proceda a la localización y captura de Solís, entre otra información.
El 12 de mayo pasado se completaron los 120 días definidos para la etapa de instrucción fiscal, en la que se recopilaron los elementos de cargo y de descargo respecto de los procesados en el caso Reconstrucción de Manabí. Desde ese momento y por al menos cinco ocasiones se ha tratado de instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, pero por distintos motivos esto no se ha dado.
Para la Fiscalía, por un lado Glas y el resto de procesados decidieron priorizar proyectos que no obedecían al contexto de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva, provocando que los dineros recaudados por la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana sean usados y destinados a obras que no estaban dirigidas a satisfacer las necesidades emergentes de la población de Manabí y Esmeraldas.
Mientras que por otro, lo ha dicho Salazar, la investigación realizada habría evidenciado que se priorizaron ciertas obras de interés de los procesados y cercanos existiendo la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadieron procesos de contratación pública y que para estas obras, incluso, se benefició a una empresa relacionada con familiares de, por ejemplo, apuntó Salazar, el ahora procesado Carlos Bernal. Se presume que el dinero desviado alcanzaría la suma de $ 367 millones. (I)
Diario El Universo
