Los asambleístas no irán más allá de una condena y rechazo a las acciones desarrolladas por la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, que la llevaron a sancionar con la suspensión temporal sin remuneración por 150 días a Verónica Abad Rojas en su condición de vicepresidenta de la República.
La Asamblea Nacional, convocada para las 15:00 de este 13 de noviembre, busca abrir el debate respecto a la petición que realizó la vicepresidenta Abad, en dos escritos de fechas diferentes, donde pide que se fiscalice la actuación de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez.
Abad pidió que la Asamblea Nacional actúe frente a lo que llamó una “arbitraria, inconstitucional e ilegal decisión dentro de un sumario administrativo que violenta y lacera la institucionalidad del país, demostrando una vez más que a este Gobierno y a las entidades que han figurado en este acto poco les importó lo que dispone la ley y el orden constitucionalmente establecido”.
La vicepresidenta Abad pide además que dentro del proceso de fiscalización se incluya a la presidencia de la República, “quienes de manera dolosa y con deslealtad procesal actuaron irregularmente presentando alegatos, sin que hasta el momento se hayan pronunciado ante la autoridad sustanciadora sobre su legitimación en el proceso administrativo”.
Legisladores de varias bancadas advirtieron que la Asamblea Nacional no puede hacer mucho frente a una acción administrativa de un ministerio de Estado. En el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, no fue destituida sino suspendida, y eso no está reglado en la norma como objeto de sanción.
Cuatro sectores políticos del Legislativo, RC, PSC, Construye y Pachakutik, coinciden en que se debe iniciar un juicio político en contra de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, por incumplimiento y arrogación de funciones, pero que esta decisión se tomaría luego de conocer un dictamen que emitirá la Corte Constitucional por pedido del pleno de la Asamblea.
Pero, en caso de que se oficialice la solicitud de juicio político contra la ministra del Trabajo, esta recién la procesaría la Comisión de Fiscalización y Control Político en el mes de abril o mayo de 2025, debido a que existen seis solicitudes de interpelación que están calificadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que deberán ser evacuadas antes.
El primer vicepresidente del Parlamento, Otto Vera (PSC), habló de una resolución casi consensuada que sería aprobada por las bancadas tras escuchar los argumentos de la vicepresidenta Abad. Dijo que también se pedirá al Ejecutivo que se corrija lo actuado por el Ministerio del Trabajo y que se pedirá una interpretación a la Corte Constitucional (CC).
En el texto se condenan las acciones de la ministra del Trabajo, Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa, que “de manera inconstitucional e ilegal” estableció un procedimiento especial para sancionar mediante sumario administrativo para servidores públicos excluidos de la carrera del servicio público, lo que permite que funcionarios de elección popular sean juzgados por faltas administrativas por el Ministerio del Trabajo, afectando de manera grave la independencia de poderes y la democracia de los ecuatorianos.
Además rechaza la resolución de sumario administrativo del 8 de noviembre de 2024, emitida por la ministra del Trabajo, por cuanto, de forma inconstitucional e ilegal, sanciona con la suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días a la servidora pública María Verónica Abad Rojas en su condición de vicepresidenta de la República.
El documento que es producto de los diálogos entre las bancadas legislativas dispone a la Presidencia de la Asamblea Nacional que, a través de la Coordinación de Asesoría Jurídica, presente ante la Corte Constitucional la acción de interpretación a los artículos 129, 130, 145 numeral 3 y 5, 146, 149, 150 y 154 numeral 1 de la Constitución.
El coordinador del movimiento Construye, Camilo Salinas, afirmó que la Asamblea Nacional no puede desconocer un acto administrativo que es propuesto por el presidente de la República; por eso, lo que podrá hacer el Legislativo es rechazar la nueva autoridad que está en funciones como vicepresidenta.
Manifestó que solicitarán un pronunciamiento a la CC e indicó que algunas bancadas evalúan la posibilidad de iniciar un juicio político a la ministra del Trabajo por incumplimiento de funciones, en el caso del sumario administrativo contra la vicepresidenta Abad.
El dictamen de la Corte permitirá a la Asamblea Nacional pronunciarse si desconoce o no a la vicepresidenta encargada.
Fuente: El Universo
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