A menudo se dice que el poder conlleva responsabilidad. No es así en la política mexicana. El partido gobernante, Morena, ha ejercido la supermayoría que su coalición ganó en las elecciones de junio sin prestar mucha atención a las consecuencias. Morena empujó a México al borde de una crisis constitucional.
El conflicto giró en torno a los cambios en el funcionamiento del poder judicial en México, implementados por Morena a través de un conjunto de leyes aprobadas en los últimos días de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en septiembre. La principal modificación consiste en que todos los jueces en México sean elegidos, en lugar de ser nombrados. El 5 de noviembre, la Suprema Corte rechazó por poco una propuesta para anular partes de estas nuevas leyes, lo que hubiera permitido la elección de jueces en los tribunales federales de mayor rango, pero no en los tribunales locales de menor jerarquía.
De haber fallado de otra manera, la Corte probablemente habría provocado un enfrentamiento abierto con Claudia Sheinbaum, presidenta de México desde el 1 de octubre, y con Morena. Altos cargos del partido ya habían declarado que ignorarían cualquier fallo en su contra, lo que habría generado un desafío directo a la autoridad judicial y una posible escalada del conflicto entre el poder ejecutivo y el poder judicial. La propia Sheinbaum afirmó que tenía “un plan” para enfrentar a la Corte. “La Suprema Corte no puede estar por encima de la voz del pueblo”, señaló, acusando al tribunal de exceder sus competencias.
Hasta ahora, la Corte Suprema de México había evitado en gran medida confrontar al gobierno en asuntos de cambios constitucionales, limitándose a revisarlos en aspectos específicos, como posibles violaciones de procedimiento. Sin embargo, la Corte subrayó que las reformas judiciales son fundamentales para la democracia en México. Analistas, organizaciones de derechos humanos, empresas y diplomáticos extranjeros han advertido que elegir jueces politizaría los tribunales y erosionaría la independencia e imparcialidad del sistema de justicia.
Morena utilizó tácticas cuestionables para intentar evitar que la Corte considerara el caso. El 31 de octubre, el Congreso aprobó una ley que prohibía la revisión judicial de cambios constitucionales e intentó aplicar la ley retroactivamente para cubrir las reformas judiciales.
La mala fe de Morena se ha manifestado de otras maneras. El partido había prometido que permitiría a los jueces que renunciaran antes de las elecciones judiciales conservar sus pensiones, mientras que aquellos que se postularan y perdieran quedarían sin ese beneficio. Sin embargo, después de que ocho de los 11 jueces de la Suprema Corte anunciaran su retiro, el partido los criticó por vivir a expensas del erario, aunque al menos uno de los allegados de Sheinbaum es un ex juez que disfruta de una pensión considerable.
El fallo de la Corte representa una victoria para Morena, que ahora puede avanzar con las primeras elecciones judiciales en junio. Las renuncias de los jueces de la Suprema Corte sugieren que el proceso se desarrollará como muchos temen: los tres jueces de la Corte Suprema que se presentarán a la elección fueron nombrados por Morena y confían en ser reelegidos. Aproximadamente la mitad de todos los jueces y magistrados han expresado que no se postularán.
Esta situación ilustra el afán de Morena por el control y hasta dónde está dispuesto a llegar para satisfacerlo. “Aunque una Suprema Corte elegida será leal a ellos, aún así querían controlarla”, comenta Javier Aparicio, del CIDE, una universidad en la Ciudad de México.
El 4 de noviembre, Morena anunció que se prepara para debatir su próxima reforma constitucional, que eliminaría los controles y equilibrios de otra índole al suprimir una serie de organismos autónomos de México, incluido el instituto de acceso a la información pública. Se ha evitado una crisis constitucional, pero Morena ha fortalecido su control. Y México se parece cada vez más a un estado de partido único.
© 2024, The Economist
