La respuesta que dará la Asamblea Nacional frente a la sanción administrativa que aplicó el Ministerio del Trabajo a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, de suspender sus funciones por 150 días y sin remuneración generará una resolución de rechazo y el anuncio de un juicio político a la ministra Ivonne Núñez.
A eso se suma lo anunciado este martes, 12 de noviembre, por la presidenta de la legislatura, Viviana Veloz, quien pedirá a la Corte Constitucional (CC) un dictamen interpretativo sobre las competencias de la ministra del Trabajo para la inhabilitación a la vicepresidenta de la República elegida por voto popular.
Los 137 asambleístas están convocados para este miércoles, 13 de noviembre, a partir de las 15:00, para conocer y resolver respecto a la petición que hizo Abad a la Asamblea Nacional de que actúe frente a esta “arbitraria, inconstitucional e ilegal decisión dentro de un sumario administrativo que violenta y lacera la institucionalidad (del) país, demostrando una vez más que a este Gobierno y a las entidades que han figurado en este acto poco les importó lo que dispone la ley y el orden constitucionalmente establecido”.
La vicepresidenta Abad pide además que dentro del proceso de fiscalización se incluya a la Presidencia de la República, “quienes de manera dolosa y con deslealtad procesal actuaron irregularmente presentando alegatos, sin que hasta el momento se hayan pronunciado ante la autoridad sustanciadora sobre su legitimación en el proceso administrativo”.
Reacciones
El Ministerio del Trabajo, el pasado 9 de noviembre, sancionó a Abad por haberse configurado una falta grave, “abandono injustificado de trabajo por tres o más días laborales consecutivos”, establecida en el artículo 48, literal b, de la Ley Orgánica de Servicio Público.
El pleno del Parlamento está convocado para las 15:00 de este miércoles. En ese escenario se conocerá la primera comunicación remitida por Abad el 17 de septiembre, en la que pedía que se fiscalice a dos ministras de Estado por persecución política, y también existe una comunicación enviada el lunes 11 de noviembre.
Abad venía cumpliendo funciones de embajadora por la paz en Israel por decisión del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, con quien mantiene una enemistad pública.
El legislador Jorge Peñafiel, de la bancada Construye, dijo que no es necesario pedir mediante resolución legislativa a la Corte Constitucional (CC) que realice un control constitucional, porque se estaría redundando en las atribuciones que tiene la CC.
Explicó que en estos momentos la Asamblea Nacional lo menos que puede hacer es rechazar y desconocer políticamente las decisiones tomadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, en contra de Abad.
Peñafiel comentó que de estos actos en contra de Abad se derivan los controles político, administrativo y penal, y a cada autoridad le corresponde tomar acciones respecto al tema.
Valentina Centeno, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), precisó que los miembros de la bancada son respetuosos de la justicia constitucional al referirse al anuncio formulado por la presidenta de la Asamblea Nacional de pedir un dictamen a la Corte Constitucional sobre la decisión tomada por el Ministerio del Trabajo.
Indicó que ADN presentará su posición en el pleno de la Asamblea y que mostrará su postura, como ADN, frente al caso. No quiso anticipar su estrategia.
El correísta Leonardo Berrezueta, en cambio, señaló que es pertinente lo anunciado por la presidenta de la Asamblea de escoger el camino constitucional y pedir un control de constitucionalidad sobre lo resuelto por el Ministerio del Trabajo, pero indicó que en lo político es necesario poner un freno a la decisión arbitraria del ministerio, porque un sumario administrativo no puede estar por encima de la Constitución.
Manifestó que lo más grave de todo esto son las consecuencias que vienen luego de las decisiones tomadas por el Ministerio del Trabajo, como, por ejemplo, el hecho de encargar la Vicepresidencia de la República a una ministra de Estado que “a todas luces ni tiene la facultad ni potestad de estar encargada, primero porque aún no existe claridad sobre la ausencia temporal del cargo, y segundo porque está plenamente vigente la designación en urnas y posesionada en la Asamblea la vicepresidenta Verónica Abad”.
Alertó que el presidente de la República, Daniel Noboa, al designar a una vicepresidenta encargada de la República está transgrediendo la norma constitucional expresa y ese particular también debe ser analizado en el pleno.
El socialcristiano Jorge Acaiturri-Villa afirmó que para el PSC es claro que hay un incumplimiento de la Constitución de la República en el artículo 425, relacionado con la jerarquía normativa y determina los procedimientos a seguir.
El legislador también resaltó el hecho de que se consulte a la Corte Constitucional, y comentó que dependiendo de lo que esta determine se debe actuar, por ejemplo, si señala que la ministra del Trabajo se arrogó funciones, se tiene que empezar el proceso de fiscalización de manera inmediata.
Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, advirtió que uno de los caminos que se debe seguir en este caso es anunciar el juicio político a la ministra Núñez por arrogación de funciones y por violentar la Constitución, lo cual se evidencia en una posición dictatorial de parte del Gobierno.
La representante de la provincia de Bolívar manifestó que lo actuado por la ministra del Trabajo se ajusta para seguir un juicio político, porque el proceso administrativo contra la vicepresidenta Abad va en contra de la misma normativa y de la Ley de Servicio Público.
Fuente: El Universo
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