Más de $60 millones podría ahorrar el Estado si la consulta popular sobre la instalación de bases militares extranjeras coincide con la segunda vuelta electoral presidencial, que se estima para el 13 de abril de 2025, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Gissela Garzón (Revolución Ciudadana), presidenta de la comisión ocasional, aspira a convocar a sesión en el transcurso de esta semana para avocar conocimiento del proyecto de reforma, aprobar el cronograma de trabajo y el listado de comparecientes.
Por lo pronto, Garzón opinó que no es posible acortar los plazos para que una eventual consulta popular coincida con la segunda vuelta electoral. “No, lamentablemente no; son tiempos establecidos en la norma (Ley de la Función Legislativa”, declaró en una entrevista a un medio digital.
También anticipó que si el receso legislativo se adelanta para enero, significa que la Asamblea se paralizará y el tema se retomará en febrero. “Por tanto, si es que se decide por el receso, no alcanzarían los tiempos para la segunda vuelta electoral”.
Incluso afirmó que aunque no haya receso la situación será similar, porque una vez que el Pleno se pronuncie, el texto volverá a conocimiento de la Corte Constitucional (CC), y luego al CNE, que tiene 45 días para la convocatoria.
Nataly Morillo, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), integrante de la comisión ocasional, calificó de “idóneo” que se puedan reducir los plazos, pues lo “ideal” sería que el tema se ponga a consideración de los ecuatorianos en la segunda vuelta para ahorrar recursos al Estado, pues solo se tendría que incluir una papeleta con una pregunta.
“Esto es un tema de voluntad política, si hay voluntad en los legisladores de la comisión, tranquilamente se podría avanzar los plazos para el primer y segundo debate en el Pleno”, mencionó.
Camilo Salinas (Construye), también es del criterio que la comisión debe tramitar lo más pronto posible la propuesta, para que se permita la instalación de las bases militares y enfrentar a las mafias que siguen ganando territorio. También para ahorrar recursos estatales, evitando que la consulta pueda darse después de abril de 2025..
“Sería terrible que el Estado tenga que desembolsar nuevos recursos cuando, en la segunda vuelta, simplemente podría añadirse una papeleta”, remarcó Salinas. Otra sugerencia de Construye es que la instalación de bases sea permanente y no por un tiempo determinado.
Rafael Dávila (SUMA, actúa como independiente), vicepresidente de la comisión, se sumó al criterio de los legisladores de ADN y Construye, de que una consulta popular cuesta mucho dinero, y que el país no está para desperdiciar recursos económicos.
“Una consulta cuesta decenas de millones de dólares y se avecinan dos procesos electorales; uno en febrero y otro en abril, deberíamos aprovechar para que el tema coincida con la segunda vuelta y así le evitamos al país un derroche de dinero”, expresó.
Sin embargo, Dávila reconoció que la propuesta del presidente Daniel Noboa es para buscar beneficios electorales. “Allí hay un cálculo de él y la ciudadanía va a ver con buenos ojos la propuesta de la lucha contra el crimen organizado, y eso podría favorecer sus aspiraciones electorales”, comentó.
Según el análisis de Dávila, el correísmo, que también aspira a estar en la segunda vuelta (con la presidenciable Luisa González), seguramente, tratará que la consulta no coincida con la segunda vuelta. “Intentaré, por el bien del país, que en la comisión (se acorten los plazos), pero es posible que tengamos dificultades con los tiempos”, afirmó. (SC)
Nataly Morillo (ADN) adelanta que podría presentar un informe de minoría
Nataly Morillo (ADN), adelanta que si en la comisión no es posible consensuar un informe de mayoría a favor del proyecto para que se permita la instalación de bases militares extranjeras, presentará un informe de minoría para que también sea conocido y debatido en el Pleno, argumentando que el regreso de bases no significa pérdida de soberanía, sino que se tratará de un apoyo internacional para enfrentar la amenaza del crimen organizado y la delincuencia transnacional. “Esperemos que (en la comisión) actúen con coherencia, allí veremos quiénes estarán de acuerdo y quiénes no”, subrayó.
Morillo sospecha que, en el debate en la comisión, los “aliados de la Revolución Ciudadana; el Partido Social Cristiano (PSC) y SUMA irán por la línea de no permitir la instalación de las bases militares”.
Diario La Hora