Preocupación en la Sociedad Interamericana de Prensa por difusión de chats atribuidos a Fernando Villavicencio

“Estamos profundamente preocupados por la difusión masiva de chats del excandidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio, asesinado en el 2023, en conversaciones con centenares de personas, entre ellas unos 150 periodistas de ese país y de la prensa internacional”, manifestó el 9 de noviembre del 2024 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de sus redes sociales.

“Esta acción sin precedentes debe ser investigada de inmediato, ya que puede poner en peligro a reporteros que compartieron información y documentos sensibles y sus fuentes confidenciales”, increpó el gremio con sede en Miami (Estados Unidos), integrado por medios impresos de toda la región.

Esta declaración se da en el marco de la polémica que desató en el país la publicación de una serie de chats que supuestamente fueron encontrados por las autoridades de justicia de Estados Unidos en el celular de Villavicencio como parte de la investigación de su asesinato.

Estas filtraciones se dieron a través del medio digital La Posta y cuentas de redes sociales de personajes políticos relacionados con el correísmo, como Priscilla Schetinni, aspirante a la Asamblea Nacional por la lista 5 y esposa del exdefensor del Pueblo con una sentencia por violencia de género, Freddy Carrión; y Angélica Porras, candidata a la Corte Constitucional en representación de la Asamblea Nacional.

Una copia del aparato celular fue entregada a la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) por el periodista Christian Zurita, amigo personal de Villavicencio, según él mismo lo dijo en varias entrevistas de prensa.

La oenegé Fundamedios, que vigila la situación de la libertad de expresión en el país, también emitió una alerta sobre la filtración de los chats mencionados por parte de Schetinni y Porras.

“Esta filtración, que ha sido justificada por Porras y Schettini señalando que ‘ya circulaba en redes sociales’, significa una gravísima vulneración a las comunicaciones, documentación, intercambio de información y fuentes de más de 150 periodistas, muchos de los cuales se encuentran en grave riesgo, ya que se los expone por su trabajo de revelación de casos de corrupción política y de acciones del crimen organizado”, indicó.

“Desde Fundamedios expresamos nuestra más profunda preocupación por la seguridad de los periodistas cuya comunicación ha sido expuesta de forma ilegal, abusiva e irresponsable y advierte de las responsabilidades penales que puede acarrear contra sus autores, cómplices y encubridores. En este sentido, se insta a la Fiscalía General del Estado a que actúe de forma inmediata frente a lo que constituye no solo una grave vulneración legal sino una grave violación de derechos constitucionales y derechos humanos fundamentales, como las libertades de expresión y prensa”, refirió la entidad en un comunicado.

Fuente; El Universo

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