Las universidades privadas que generan utilidades estarán sujetas al impuesto a la renta y gozarán de crédito tributario, que podrá compensarse con el monto de becas otorgadas en cada ejercicio fiscal a estudiantes graduados en colegios públicos o fiscomisionales, para el estudio de carreras de pregrado.
Se busca aplicarles una tarifa que irá del 1 % al 2 % sobre el total de ingresos brutos, que de acuerdo con la normativa vigente no se encuentren exentos y que será establecida por el presidente de la República a través de decreto ejecutivo.
Así lo plantea el proyecto de Ley Orgánica para el Avilio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en Ecuador que fue presentado por el presidente Daniel Noboa el jueves 7 de noviembre de 2024 con el carácter de económico urgente y en el contexto de la crisis energética.
Este proyecto de ley que será tramitado en la Asamblea Nacional contempla disposiciones reformatorias para la Ley de Régimen Tributario Interno. Cambia el artículo 9 que se refiere a las exenciones para que en el numeral 5 ahora indique que mantengan ese beneficio “los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas y definidas como tales en el reglamento y siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. Y dispone expresamente que “esta exoneración no se extiende a las instituciones de carácter privado sin fines de lucro dedicadas a la educación superior ni a las universidades privadas”.
De ahí que se fije una tarifa del 1 % al 2 % sobre el total de ingresos brutos que no estén exentos.
Si no se emite el decreto ejecutivo hasta el 31 de diciembre de cada año, la tarifa será del 1,5 % del total de ingresos gravados.
En este caso, la base imponible está constituida por los ingresos brutos que no se encuentren exentos.
El proyecto también establece que las universidades privadas gozarán de un crédito tributario que podrá compensarse con el impuesto a la renta equivalente al monto de becas otorgadas en cada ejercicio fiscal, a estudiantes graduados en colegios públicos o fiscomisionales, para el estudio de carreras de pregrado.
Este crédito tributario no podrá exceder del monto del impuesto causado y se generará solo respecto de aquellas becas que sean adicionales a las que deban otorgarse de manera obligatoria por parte de dichas universidades según la normativa aplicable.
La motivación del Ejecutivo para esta reforma es que las universidades, como instituciones educativas de alto nivel, han sido tradicionalmente consideradas entidades exentas de impuestos en muchos países con el argumento de que cumplen una función social esencial como la formación de profesionales, la promoción de la investigación y el fomento de la cultura; sin embargo, “en un contexto económico cambiante, las universidades que tengan utilidades o rendimientos deberían pagar impuestos, centrándose en cuatro razones clave como son: la creciente comercialización de la educación superior, la desigualdad en el acceso, los beneficios fiscales que reciben y el uso de recursos públicos en la sostenibilidad de estas instituciones”.
El Gobierno sostiene que las universidades han adoptado prácticas empresariales, como la creación de programas de posgrado de alto costo, además de la implementación de estrategias de marketing agresivas y la obtención de ingresos por medio de patentes y derechos de propiedad intelectual. “Las universidades, especialmente las privadas, han evolucionado de ser instituciones dedicadas exclusivamente al servicio público a ser actores económicos con fines de lucro. Este cambio las acerca a la naturaleza de otras entidades comerciales que deben contribuir a la sociedad. Si están obteniendo beneficios financieros considerables es razonable que deban tributar”.
Indica que las universidades que gozan de exenciones fiscales suelen ser las que poseen grandes patrimonios y recursos, pero esto no se refleja necesariamente en una mejora en la calidad educativa o en el aumento de oportunidades para estudiantes de bajos recursos. Y que si bien existen becas y ayudas financieras, el sistema global de educación superior tiende a ser más excluyente que inclusivo.
Para el Ejecutivo, más que un impuesto al ingreso gravado, lo que se busca es que exista reinversión en los jóvenes para que puedan acceder a educación superior, garantizando que el sistema educativo pueda financiarse de manera equitativa y brindar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes. (I)
Fuente: El Universo
