El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, está cumpliendo las atribuciones que la dan la Constitución y las leyes, fue la línea de defensa que se tomó en la audiencia pública previo a resolver la denuncia por presunta violencia política de género que propuso la vicepresidenta, Verónica Abad Rojas en su contra.
En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) está en trámite una denuncia por presunta violencia política de género planteada por la segunda mandataria, Verónica Abad, en contra del presidente Daniel Noboa, cuyo fallo de primera instancia lo emitirá el juez Guillermo Ortega Caicedo.
Ortega es parte de una nueva mayoría en el Tribunal, junto a Ivonne Coloma y Ángel Torres Maldonado, con la que removieron de sus funciones de presidente al juez Fernando Muñoz, en medio de reclamos de una supuesta intromisión del régimen en el organismo.
Además del jefe de Estado, Abad denunció a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld Rosero; y a una exservidora Diana Jácome y Esteban Torres, exviceministro de Gobierno, los dos ahora candidatos a asambleístas por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
Abad acusa de ocho cargos políticos a Noboa, entre ellos, de «exiliarla» a Israel al nombrarla embajadora de Ecuador en ese país, con el objeto de empujarla a renunciar a sus funciones, o evitar tener que encargarle el poder en un momento de ausencia temporal.
El juez Ortega llamó a la audiencia de práctica de prueba este viernes, 8 de noviembre de 2024, a la que asistieron las defensas técnicas de las partes.
Daniel Armijos, abogado de Abad, expuso las pruebas de cargo como el decreto ejecutivo en el que se la designó embajadora en noviembre de 2023, entrevistas en medios de comunicación, acuerdos ministeriales emitidos por la Cancillería.
Indicó que se la envió a Israel sin seguridad del Estado y leía noticias de prensa extranjera de la guerra que se produce en el Medio Oriente y que, aún así, se envió a la autoridad de embajadora.
En defensa del mandatario asistió una funcionaria de la Presidencia identificada como Mercedes Mediavilla, quien impugnó «todas» las pruebas de la denunciante por «impertinentes, inútiles e inconducentes».
A ese argumento se apegaron los abogados de Sommerfeld, Jácome y Torres.
El alegato principal de la funcionaria presidencial fue que la Constitución otorga a quien ejerza la Presidencia a encargar las funciones que considere pertinentes a quien esté en la Vicepresidencia; y, encargar a Abad ser embajadora es una de esas potestades.
«No se está presentando pruebas que hayan sido, primero, periciadas y que configuren la denuncia por violencia de género», recalcó Mediavilla que reprochó que se acuse a Noboa, incluso, que se ha coartado la libertad de expresión de Abad.
La prueba de que ello no es real, apuntó, fueron entrevistas a diferentes medios en los que Abad ha participado.
Mediavilla llamó la atención a la Vicepresidente por cuestionar su designación como embajadora, porque es un «gran honor» ser representante del Ecuador en un país extranjero, aseveró.
La diligencia se extendería hasta la tarde de este viernes, y superada esta fase, el juez de instancia podrá emitir su sentencia, sobre la cual las partes procesales pueden solicitar aclaración o ampliación.
También, podrán apelar a esa sentencia para conocimiento del pleno del Tribunal, el que será de última y definitiva instancia.
En este proceso, se acusa al mandatario ecuatoriano de ocho actos relacionados con la violencia en contra de las mujeres en la vida política, entre ellas, amenazar o intimidarla con el fin de anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo.
Hacer expresiones que denigren a las mujeres durante el proceso electoral y en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos.
Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio en condiciones de igualdad; evitar que asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones; restringir el uso de la palabra, entre otras.
Mientras, Abad denunció a Noboa y sus colaboradores; la canciller Gabriela Sommerfeld y Diana Jácome la denunciaron a ella por la misma causal: violencia política de género, que están en trámite en el mismo TCE.
El artículo 279 del Código estipula que esta infracción muy grave se sanciona con multas de entre 21 hasta 70 salarios; destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
Fuente: El Universo
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