La jueza de la Corte Constitucional, Daniela Salazar, otorgó 24 horas para que la Presidencia de la República entregue la información que motivó la emisión del Decreto Ejecutivo 410. En ese documento, el presidente Daniel Noboa decretó, en octubre pasado, el estado de excepción en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro; el Distrito Metropolitano de Quito de la provincia de Pichincha y, el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay.
En el decreto se indicó que el estado de excepción se lo dispone por “grave conmoción interna y conflicto armado interno” y se establece 60 días para que rija la medida.
Ahora, la Corte Constitucional pide al Ejecutivo que entregue los argumentos para decretar esta medida dentro de la causa 11-24-EE, la cual se refiere al control de constitucionalidad de los estados de excepción.
En el caso del decreto 410, el presidente Noboa estableció restricciones de movilidad. En al menos 20 cantones de Guayas, Los Ríos, Azuay y Orellana se dispuso que las personas no puedan transitar entre las 22:00 y 05:00.
Además, se restringió el derecho a la inviolabilidad de la propiedad privada y al derecho de reuniones públicas. Ese estado de excepción fue emitido el 3 de octubre pasado y estará vigente hasta el 3 de diciembre de 2024.
El pedido de la jueza constitucional se hace dentro del marco legal que establece el decreto presidencial 431. En ese texto, el propio presidente Noboa indicó que la información de los estados de excepción solo se remitirán a los jueces constitucionales.
De allí que en el documento de la jueza Salazar se establece una dirección electrónica para que las información sea remitida directamente. Se trata de un correo de un experto constitucional que trabaja en el despacho de la magistrada. (I)
Diario El Universo