La Policía de Ecuador terminó con la vida de 100 presuntos delincuentes en los primeros diez meses de 2024. Las muertes se registraron en enfrentamientos donde los agentes dispararon “en uso legítimo de la fuerza”, según anunció la misma institución.
La mayoría de las muertes se registraron en la provincia de Guayas (44). De ellas, 34 fueron dentro de Guayaquil y su área metropolitana.
16 presuntos delincuentes abatidos se registran en la provincia de Los Ríos y nueve en El Oro, provincia fronteriza con Perú. Mientras que Manabí tiene siete presuntos delincuentes abatidos.
Estas cuatro provincias, que concentran la mayor parte de los casos de presuntos delincuentes abatidos por la Policía, se encuentran dentro del último estado de excepción decretado por el presidente, Daniel Noboa. El objetivo es combatir a las bandas de crimen organizado.
“Como Policía de Ecuador, privilegiamos siempre la vida. Sin embargo, en defensa de nuestros ciudadanos, así como el de nuestros servidores policiales, hemos hecho uso legítimo de la fuerza”. Esto señaló el comandante general de la Policía, Víctor Zárate, en sus redes sociales, para explicar el elevado número de presuntos delincuentes fallecidos.
Las actuaciones letales de la Policía ecuatoriana aumentaron desde 2023 y contrastan con los seis casos que se registraron en 2022.
Esto se debe a las disposiciones marcadas por el Gobierno para enfrentar la crecida de la delincuencia. Esto incluye que los policías puedan hacer uso de las armas de fuego para repeler una ataque o para neutralizar a un delincuente en flagrancia que represente una amenaza.
País con más muertes en Latinoamérica
Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100 000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016. Esto es producto del auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico.
Desde inicios de año, el presidente Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno“. Con esto pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.
En el transcurso de esta estrategia surgieron denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional (AI) expresó esta semana su preocupación por lo que considera un deterioro de la situación de derechos humanos en Ecuador.
Esas denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos incluyen detenciones llevadas a cabo con escasa evidencia de garantías procesales, actos de tortura y otros malos tratos dentro de las prisiones, y ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
De acuerdo al Gobierno, las muertes violentas a nivel nacional han descendido un 17 % en 2024 respecto al año anterior. Pero los episodios de violencia criminal no han cesado, a la vez que también se siguen reportando secuestros y extorsiones.
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