La Asamblea Nacional ya inició los procesos para tramitar el proyecto de reforma parcial a la Constitución que permita el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador. La iniciativa, impulsada por el presidente Daniel Noboa, será tratada en una nueva comisión ocasional que será presidida por un correísta.
En el proyecto del Ejecutivo se plantea reformar el artículo 5 de la Constitución vigente, que se elaboró en la Constituyente convocada por Rafael Correa. Allí se incluyó la prohibición de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional y, con ello, se forzó la salida del puesto de operaciones que tenía Estados Unidos en la base Eloy Alfaro, de Manta, en Manabí.
La posibilidad de que Estados Unidos regrese ha sido descartada, al menos por ahora, por la embajada de ese país. Así lo indicó en un comunicado emitido en septiembre pasado, a propósito de la visita al país de la comandante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, la almirante Linda Lee Fagan.
“Los Estados Unidos se enorgullecen de su apoyo para ampliar las capacidades de defensa y seguridad y de la cooperación a través de nuestro Acuerdo Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas y el Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas, cofirmados con el Ecuador en 2023. Estos acuerdos, al igual que otros acuerdos bilaterales similares en todo el mundo, regulan los parámetros operativos para el personal militar estadounidense que temporalmente presta servicio en Ecuador para realizar entrenamientos, desarrollar capacidades o entregar recursos. Aunque los Estados Unidos no tienen planes de solicitar permiso a Ecuador para establecer una presencia militar permanente en el Ecuador, ampliamos y profundizamos nuestra cooperación a través de entrenamiento, equipos, infraestructura, operaciones conjuntas, entre otras actividades, para enfrentar nuestros desafíos de seguridad compartidos”, decía.
Pero Estados Unidos no ha dejado de estar presente en otros países de la región. De hecho, informes del Pentágono de ese país, que datan del 2022, muestran que es la nación con más bases extranjeras en todos los continentes, con al menos 800 de ellas. En América Latina se calcula que las tropas norteamericanas tienen 49 bases militares.
Por ejemplo, en Colombia, expertos en seguridad, que pidieron la reserva de sus nombres, corroboran esta realidad. Para ellos, no existe una base militar con dominio territorial. Ellos afirman que soldados de Estados Unidos sí están inmersos en los operativos militares y policiales pero no tienen autonomía para ejecutar acciones solos.
De hecho, en Tumaco, una población fronteriza con Esmeraldas, en Ecuador, existe una base militar estratégica para vigilar las operaciones criminales y narcodelictivas que se mueven entre la frontera de los dos país.
Para Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, esta base militar en Colombia es uno de los puntos más cercanos a Ecuador y quizás sea determinante si Estados Unidos se interesa nuevamente en tener una base en territorio nacional.
“Aunque yo no he visto que el Comando Sur se hayan pronunciado sobre la iniciativa del presidente Noboa”, afirma Rivera, que señala que esto podría responder al tema político, pues Ecuador actualmente se encuentra en periodo electoral.
¿Pero qué tan efectivo es tener una base militar extranjera para combatir el crimen? Pablo Zeballos, consultor internacional en materia de seguridad y crimen organizado, afirma que no siempre la militarización es la vía más adecuada para contrarrestar los fenómenos de inseguridad.
Él ha viajado por Centroamérica y Sudamérica y dice que existe una tónica de que, “cuando militarizan el problema, es muy probable que ese problema se mantenga por mucho tiempo. Por eso, en caso de un apoyo internacional es importante delimitar muy bien los objetivos, la temporalidad y los alcances de esas estrategias”.
El especialista recomienda que Ecuador, si va a dar paso a una base extranjera, ese proceso debe ser transparente con la ciudadanía para evitar especulaciones sociales, especialmente si esa cooperación tendrá un alcance de intercambio de inteligencia, entrenamiento, equipos, tecnología, etc.
Zeballos, originario de Chile, señala que en ese país no existen bases militares de Estados Unidos. La cooperación entre las dos naciones es conjunta, pero los extranjeros no tienen autonomía directa en operaciones.
Bolivia tampoco tiene bases extranjeras en su territorio; la Constitución de ese país las prohíbe.
Sin embargo, Ecuador no es la única nación que busca instaurar una base extranjera en su territorio.
En Argentina también están en un proceso para que exista una ”base naval conjunta” con Estados Unidos en la Patagonia. El presidente Javier Milei se reunió en abril pasado con la jefa del Comando Sur estadounidense, la general Laura Richardson, para hablar sobre esta iniciativa.
El mandatario argentino ha dado declaraciones de que la llegada de esta base militar podría significar la recuperación de las islas Malvinas. Desde entonces, las dos naciones han concretado la donación de un avión para vigilancia y la compra de otros equipos tecnológicos.
En Ecuador aún no se conoce con certeza cómo actuarían las bases militares extranjeras, pero organizaciones de derechos humanos ya han criticado esta reforma a la Constitución. Una de estas entidades es Inredh.
Desde ese organismo, en 2008, denunciaron el ataque a embarcaciones ecuatorianas por parte de operativos estadounidenses en el océano Pacífico.
Según la organización, los soldados estadounidenses hundían embarcaciones bajo la presunción de que eran parte del narcotráfico, pero sin un debido proceso. En un informe también señalaron que no existía un sustento para verificar que la presencia de la base de Manta disminuyó el envío de droga por las costas hacia el extranjero.
Todos estos detalles serán planteados en la Comisión Ocasional creada en la Asamblea. (I)
