Después de que el 14 de octubre de 2024, por unanimidad, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, avocó conocimiento y calificó la solicitud de juicio político en contra de Andrea Arrobo, exministra de Energía del Gobierno Daniel Noboa, en el transcurso de esta semana iniciará la etapa de sustanciación con la presentación de pruebas de cargo y descargo.
Arrobo ejerció funciones desde noviembre de 2023. El 16 de abril de 2024, en medio del problema energético, el jefe de Estado le pidió la renuncia, y le señaló como presunta responsable de sabotaje en el sector.
El 24 de abril de 2024, los asambleístas Ana Galarza y Jaime Moreno de Construye ingresaron la solicitud de juicio político contra Arrobo; luego, Vicente Taiano (PSC) se unió al pedido. El pedido de interpelación fue calificado por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), el 8 de mayo.
En la mesa legislativa, Arrobo deberá presentar sus pruebas de descargo a la acusación política, y los interpelantes sus pruebas de cargo y sustentar sus afirmaciones.
Estado de la Central Hidroeléctrica Toachi-Pilatón
Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana), presidenta de la Comisión de Fiscalización, aclaró que dependerá de la exministra si quiere o no presentarse. De asistir, Arrobo tendrá que dar a conocer, documentadamente, las gestiones que desarrolló hasta el mes de abril para garantizar el parque térmico, para concluir con central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, para garantizar el mantenimiento de proyectos hidroeléctricos, la ejecución presupuestaria en temas de inversión, y el cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad.
“El Plan Maestro de Electricidad se ha incumplido en un 85%. Estos creo que son los puntos más críticos que tendrá que probarlo con documentos respecto a su gestión, y para que la ciudadanía vea que se hizo o que no se hizo”, dijo la titular de la mesa de Fiscalización.
Los plazos aproximados para el tratamiento en la Comisión de Fiscalización
Interpelada e interpelantes tendrán diez días para la actuación de las pruebas. Para fundamentar el presunto incumplimiento de funciones, los legisladores solicitantes del juicio, presentarán seis pruebas documentales, pedidos de información, una prueba audiovisual, y la práctica de una prueba testimonial.
Este plazo podría concluir el 12 de noviembre (los plazos se suspenderían por el feriado del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca).
Después del 12 de noviembre, la Comisión tendrá cinco días (hasta el 18) para elaborar el informe final que recomiende el juicio político o su archivo. Concluida esa fase, la Mesa Legislativa tendrá dos días para difundir el informe para el conocimiento de los 137 asambleístas. Para el agendamiento del informe en el orden del día del Pleno de la Asamblea, la titular del Legislativo tiene cinco días de plazo. De darse el caso, la exministra de Energía podría asistir al Pleno hasta el 27 de noviembre para ejercer su defensa.
La solicitud de juicio fue calificada en la Comisión de Fiscalización tras cumplir con los requisitos de forma, entre ellos la presentación de 36 firmas de las 34 que se requieren según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
En el supuesto caso de que el Pleno decida, con 92 votos, la censura a la exfuncionaria, no podrá ejercer cargo público por dos años. (SC)
Diario La Hora
