En la Contraloría General del Estado por años operó un manejo corrupto en torno a las glosas que se emitieron a través de las auditorías. Tras los once meses de gestión del contralor Mauricio Torres se detectó que el perjuicio al Estado asciende a $ 4.000 millones por estos hechos. Las investigaciones internas determinaron que al menos 26 funcionarios de esta entidad colaboraron para eliminar las glosas mediante la caducidad.
Pero ¿cómo lo hicieron? Los análisis internos señalan que existieron varios mecanismos que fueron utilizados por los responsables. El más común tiene que ver con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría, cuenta el contralor Torres a EL UNIVERSO.
Esta parte de la normativa se refiere a los informes de auditoría y su aprobación. En específico, en este apartado se indica que los auditores tienen máximo 180 días improrrogables para entregar los informes.
Precisamente, este habría sido el mecanismo más utilizado para caducar los informes y por ende las glosas. Así, en el archivo de la Contraloría se han encontrado informes que fueron presentados en 200, 300 y hasta 900 días. En esos casos el proceso queda caducado y el trabajo del auditor no sirve para nada. De hecho, esos procesos no se pueden recuperar. Por esta razón, para la entidad es una tarea imposible recuperar los $ 4.000 millones, lamenta Torres.
Estas anomalías se concentraron en distintas provincias del país. Los informes demuestran que fue un modus operandi instaurado en la administración de los excontralores generales Carlos Pólit y Pablo Celi.
El primero guarda prisión en Estados Unidos por lavado de activos. Una corte federal le impuso diez años de cárcel como pena por aquellos delitos detectados en ese país.
En cambio, Celi está preso en Ecuador y en febrero de 2023 fue sentenciado a trece años y cuatro meses de cárcel por el delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres. En ese proceso también se investigaron actos de corrupción y lavado de activos.
Por este motivo, el contralor Torres realizó una depuración interna para detectar a los funcionarios que cometieron estos actos ilegales en los periodos de gestión de los dos excontralores. En el caso de Pólit, la Fiscalía tiene indicios de que desvaneció glosas millonarias a cambio de sobornos. En los procesos judiciales se identifican nueve resoluciones de desvanecimiento de glosas que suman al menos $ 117 millones, las cuales están relacionadas con la hidroeléctrica San Francisco, que fue construida por Odebrecht.
Según las investigaciones de la Contraloría, este método generaba “bastante ruido” y por eso, en la administración de Celi, se habría instaurado la caducidad de las glosas a través del incumplimiento de los 180 días.
Sin embargo, ese no sería el único mecanismo que utilizaron los funcionarios involucrados. También se valieron de los artículos 58 y 71. En el primero, la Ley Orgánica de la Contraloría establece las condiciones para ejecutoriar las resoluciones. En este apartado los observados pueden recurrir a un recurso de revisión y la Contraloría tiene 60 días para impugnar con pruebas esas pretensiones. No obstante, los funcionarios no hacían uso de esas impugnaciones y dejaban a los procesos caducarse.
Por otro lado, los funcionarios involucrados en estos hechos ilegales permitían con el artículo 71 la caducidad, tras vencer el plazo de siete años contados desde la fecha en que se hubieran realizado dichas actividades o actos.
“Últimamente parece que comenzaron a hacer una forma de ya no desvanecer las glosas directamente (…), sino que las dejaron caducar y así no existe ninguna responsabilidad. En estos casos ya se pierde, porque eso quedó sacramentado”, señaló el contralor Torres.
Según los datos oficiales de la Contraloría, entre esos funcionarios también hay personas que presentaron incremento de patrimonio. Eso se determinó a través de las declaraciones juramentadas.
Actualmente, todos esos informes, según Torres, ya fueron remitidos a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. Pero hasta el momento no se conoce si esos funcionarios están detenidos.
De hecho, la Contraloría tiene información de un funcionario que es rastreado por la Policía por incremento de patrimonio. Ese servidor también estaría involucrado en la caducidad de las glosas.
En la entidad también existen informes que los funcionarios involucrados ocultaron, incluidos exámenes especiales, para evitar que los procesos avanzaran.
Ese es el caso de un informe sobre el ECU911. En ese proceso hubo una auditoría por $ 750 millones relacionada con la compra de cámaras. Los auditores actuales han determinado que dicho proceso corresponde a 2016. Lo último que se sabe es que llegó al despacho del contralor Pólit y desapareció. Hasta la fecha no se ha encontrado el expediente.
Fuente: El Universo.
