De los archivos de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional estarían desaparecidos los respaldos de una sesión de la Asamblea Nacional del 2010 en la que participó el general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, en el contexto del juicio político que se seguía al exministro de Defensa del Gobierno de Rafael Correa, Javier Ponce Cevallos.
En los seguimientos que se hacen por el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela, ocurrido en diciembre del 2010, hay un expediente abierto en la Corte Constitucional (CC) que tramitó una acción extraordinaria de protección planteada, entre otros, por la viuda de Gabela, Patricia Ochoa Santos.
En febrero del 2023, la Corte dispuso al Gobierno —de ese entonces— de Guillermo Lasso que se reconstruya un informe forense que se hizo en el 2013, en la administración de Rafael Correa, del que habría desaparecido un “tercer producto” que contenía las hipótesis alrededor del crimen del general.
En él se concluía, aparentemente, que no se trató de un delito común, sino que se habría enmarcado en las denuncias que Gabela hizo en el 2008 de anomalías en la compra de siete helicópteros Dhruv, de los que cuatro se accidentaron y tres están inutilizados.
Dicho informe lo hizo el perito argentino Roberto Meza Niella, quien fue traído a Ecuador para que lo reconstruyera y lo entregó en julio del 2023.
Adicionalmente, la Corte ordenó que la Presidencia de la República entregue determinada información relacionada con el caso y que no ha logrado ser encontrada en sus archivos, según consta en el expediente público.
La Secretaría Técnica de la CC lleva a cabo el seguimiento del cumplimiento de la sentencia emitida el 9 de febrero de 2023, en la que los jueces declararon que se vulneró el derecho a la verdad de la familia Gabela.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia ha informado que los documentos que le piden no constan en sus fichas.
La Defensoría del Pueblo, que planteó el recurso en el 2018 junto con Patricia Ochoa, informó a los jueces constitucionales que hay inconformidad con algunos documentos enviados desde el Palacio de Gobierno.
En esa línea, en un oficio enviado el 16 de septiembre de 2024, la Defensoría pide que se declare el incumplimiento de la sentencia y determine las sanciones que considere con base en las leyes vigentes.
El máximo organismo de control constitucional del Estado aún no se pronuncia sobre este pedido.
Lo que Ochoa solicitó fue una copia electrónica de los archivos digitales del trámite de juicio político en contra del exministro de Defensa Javier Ponce, sobre la compra de los Dhruv, y la grabación de la comparecencia de Jorge Gabela ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del 3 de febrero de 2010.
Esta información no la halló la Presidencia en sus dependencias y la pidió a la Asamblea Nacional.
Esta última había enviado el proceso de enjuiciamiento a Ponce y el archivo de voz y audio de una sesión del 4 de febrero del 2010.
En cuanto al audio de la sesión 22, del 3 febrero de 2010 se informó que, pese a las revisiones efectuadas, no se encontró esa documentación.
No obstante, sí contaban con un documento (video) de la sesión del 4 de febrero del 2010 que adjunta un DVD. “Es todo cuanto consta en esta área sobre el tema según los inventarios correspondientes”, puntualizó el Legislativo al Ejecutivo.
La exsecretaria jurídica de Carondelet Mishel Mancheno Dávila envió a la Defensoría del Pueblo la información que les remitió la Asamblea y que “guarda relación con el CD 12″ de la sesión 22 y el audio del 3 de febrero de 2010, según les dijo.
En dicha plenaria, el general Gabela había denunciado ante los asambleístas que estaba siendo perseguido por sus denuncias sobre la adquisición de los helicópteros de origen hindú.
En diciembre próximo se cumplirán catorce años del asesinato de Jorge Gabela, que fue juzgado como un delito común y hubo cuatro sentenciados por el hecho.
Debido al seguimiento de Patricia Ochoa al crimen, en mayo del 2018, la Fiscalía General abrió una investigación por un posible delito contra los derechos humanos y, aunque han pasado seis años de ello, todavía no se conocen los resultados. (I)