La Corte Constitucional (CC) es el máximo tribunal y organismo de Ecuador. Se encarga de controlar, interpretar y administrar justicia constitucional. Y, básicamente, es la última instancia en todo tipo de querella entre entidades públicas o privados.
Por ejemplo, los jueces constitucionales deciden si la Asamblea Nacional puede destituir a un Mandatario, o si el Presidente de la República puede ejecutar la muerte cruzada. Tiene el poder de frenar leyes y decretos ejecutivos, como los estados de excepción, así como rever sentencias de la justicia ordinaria.
Es por eso que la Corte es tan atractiva como la Fiscalía y la Contraloría para los poderes políticos. Y esto se evidenció, por ejemplo, durante el correísmo, cuando la conocida como ‘corte cervecera’ estuvo alineada con el Ejecutivo y nunca cuestionó ninguna decisión de Rafael Correa.
Corte Constitucional, una institución polémica a lo largo de los años
El organismo, además, ha emitido dictámenes para zanjar controversias sociales, políticas y administrativas. Entre sus sentencias con mayor impacto están: el matrimonio igualitario, el error inexcusable en el caso de los funcionarios judiciales, el aborto por violación, el uso de la fuerza militar como complemento a la policía, o la prohibición de explotar el petróleo en el parque nacional Yasuní.
La Corte también dictaminó, por ejemplo, la destitución de varios vocales del Consejo de Participación Ciudadana, dio paso a la propuesta de reforma constitucional sobre las bases militares extranjeras, y recientemente también reconoció el derecho a la eutanasia.
Incluso, de los jueces constitucionales depende que varias de las propuestas de los ahora candidatos presidenciales puedan ejecutarse, en caso de llegar a Carondelet. Una de ellas es la convocatoria a una asamblea constituyente o nuevos cambios a la Constitución.
La composición de la Corte
El Pleno de la Corte está conformado por nueve magistrados, que son renovados parcialmente cada tres años. Y esta es la segunda ocasión en que un tercio de los jueces seleccionados en 2019 dejarán el cargo.
Después de la consulta popular de 2018, los jueces que ejercían funciones en hasta ese entonces fueron destituidos y el organismo entero se renovó en febrero de 2019. Es por eso que se sortean los nombres de los magistrados que deben salir.
Sin embargo, después de este segundo proceso de renovación, ya no será necesario recurrir a ese método, puesto que el cargo es fijo por nueve años. Y en adelante, con cada nuevo proceso saldrán los que hayan cumplido el periodo completo.
Y, debido a su importancia, los jueces constitucionales son los únicos funcionarios que no están sujetos a enjuiciamientos políticos ni a remociones por sus entidades nominadoras. Y su destitución solo puede ser decidida por las dos terceras partes de la misma Corte.
El proceso de renovación
El proceso de selección de la Corte Constitucional es el único que no se lleva a cabo en el desprestigiado Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). La Función de Transparencia es la encargada de crear la comisión calificadora, con dos representantes suyos, dos del Ejecutivo y dos del Legislativo.
Comisión presenta reglamento para seleccionar a tres jueces de la Corte Constitucional
Y esas mismas funciones son las que nominan a las tres ternas de candidatos, que participarán en el concurso, que contará con una etapa de méritos, una de oposición y una de impugnación ciudadana. Los nuevos magistrados deberán ser posesionados hasta febrero de 2025.
El pasado 10 de octubre, la comisión calificadora aprobó el reglamento del concurso y ofició a las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia para que envíen sus tres postulantes, hasta este jueves 24 de octubre.
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