Una vez la agente fiscal de la Unidad de Investigación Selecta Especializada en Transparencia número uno establece la posible participación de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), el juez anticorrupción Christian Quito se inhibe de continuar con el proceso penal por delito de tráfico influencias y envía el expediente del denominado caso Pantalla, por el fuero que cobija al exfuncionario judicial, a la Corte Nacional de Justicia (CNJ),
Este es el tercer procesamiento penal como tal que enfrentará Terán, quien lideró al órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial Entre febrero y diciembre de 2023. Actualmente Wilman Terán tiene vigente un llamado a juicio por el delito de obstrucción de la justicia, parte del caso Independencia Judicial, y una audiencia de juzgamiento en curso en la Corte Nacional, dentro del caso Metástasis, causa en la que se investiga una delincuencia organizada.
Desde el 5 de septiembre pasado, Milton Fabricio H. M. y Santiago Paúl C. C., asesores del entonces presidente Wilman Terán, son investigados dentro del caso Pantalla por ejercer influencias en funcionarios jerárquicamente inferiores en la Judicatura con la finalidad de obtener información privilegiada para beneficiar a determinados concursantes en varias fases del concurso público de selección y designación de jueces para la CNJ, iniciado en junio de 2023.
Santiago Paúl C. y Milton Fabricio H., comparten el llamado a juicio con Terán en Independencia Judicial, los dos primeros como cómplices y Terán como autor directo.
La fiscal del caso Pantalla, Ruth Amoroso, durante la audiencia de formulación de cargos señaló que en los últimos meses Ecuador se había dado cuenta de la importancia que tiene el Poder Judicial dentro de un estado de derecho, aclarando que lo lamentable es que se ha arribado a esta conclusión tras la develación de varios casos de corrupción cuyo denominador común ha girado en el anhelo de diversos grupos de poder, tanto políticos como delictivos.
“De hecho, el presente caso no es la excepción, llegando, incluso, a plasmar estas ansias en la búsqueda del control del máximo órgano de justicia del país. ¿Por qué digo esto, señor juez? A raíz de la convocatoria del concurso público (…) para la selección y designación de jueces y conjueces de la CNJ del año 2023, se articularon una serie de conductas por parte de funcionarios de alto nivel dentro del CJ, destinadas a influir en el resultado del referido proceso con la intención de beneficiar a determinados postulantes”, anotó Amnoroso.
Para finales de enero pasado el presidente temporal del CJ, Álvaro Roman, quien reemplazó a Terán en un cargo al que renunció desde la Cárcel 4, en Quito, ya habló de irregularidades en el concurso en la Asamblea Nacional. Él contó varios detalles anormales encontrados casa adentro al analizar la situación para declarar la “nulidad insanable” total del proceso el 18 de enero último, decisión tomada de forma unánime por Román y los entonces vocales del CJ Yolanda Yupangui y Fausto Murillo.
Entre las irregularidades expuestas por el líder del CJ estaban que personal cercano al entonces presidente Wilman Terán habrían pedido acceso a las preguntas del concurso para jueces nacionales, previo a que se realice la prueba teórica y de oposición. Ese hecho, dijo Román, estaba siendo investigado por la Unidad de Transparencia del CJ, pero también existía una denuncia formal ante la Fiscalía.
El proceso iniciado y defendido por Terán para esos días ya estaba suspendido por un fallo constitucional de la jueza Patricia Segarra, quien aceptó el 18 de diciembre de 2023 una acción de protección planteada por el Colegio de Abogados de Pïchincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador.
Desde el pleno del CJ se explicó que la decisión de nulidad total del concurso obedeció a que se identificaron anomalías en distintas fases del proceso, las cuales, se aclaró, habían contravenido los principios constitucionales, legales y reglamentarios de transparencia, publicidad, igualdad, paridad que rigen el proceso. En el análisis se habrían advertido irregularidades que acarrearían responsabilidades administrativas y hasta penales.
Tres meses después, Ecuador amanecía con la novedad de que funcionarios de la Unidad Selecta de Transparencia de la Fiscalía y agentes de unidades especiales de la Policía Nacional allanaron de forma simultánea ocho domicilios ubicados en diversas zonas de Quito: Tumbaco, Ciudadela Ibarra, Quitumbe, Calderón y Conocoto, y en el cantón Rumiñahui.
La operación de Fiscalía se dio el 24 de abril pasado, a casi dos semanas de que Álex Palacios, exasesor de Wilman Terán en la CNJ, entre mayo y agosto de 2023, y coordinador jurídico del despacho de la presidencia en la Judicatura de Terán y director Nacional de Asesoría Jurídica del CJ, rindió testimonio anticipado dentro del caso Independencia Judicial en el que habló, entre otras cosas, que el concurso para jueces de la Corte Nacional liderado por Wilman Terán estuvo “arreglado”.
Palacios aseguró que el concurso para la designación de jueces nacionales “estaba totalmente arreglado” e incluso mencionó que antes que concluya ya se había repartido el número de jueces entre quienes hacían la mayoría en el CJ: tres cupos de jueces para el presidente Wilman Terán, dos cupos para la entonces vocal Maribel Barreno y dos para el vocal titular Xavier Muñoz.
“Estaba ya totalmente arreglado el concurso, que ya tenían sus candidatos. Dentro del concurso de jueces se produce un hecho bastante insólito. Si bien es cierto el director General (del CJ) tenía la potestad de poder modificar el cronograma, pero él no podía llamar a un nuevo examen de confianza. Les voy a contar por qué se llama a un nuevo examen de confianza optativo,el cual podía dejar sin efecto el otro examen anterior: ¿Por qué sucedió esto? Porque la jueza de Santo Domingo (de los Tsáchilas), Anabel Torres, tenía que ser jueza nacional. Ella tenía que ser la ganadora del concurso porque ese era el ofrecimiento de Wilman Terán y también ya tenía el ofrecimiento de que ella iba a ser la presidenta de la CNJ”, afirmó.
De la acusación hecha por la Fiscalía se desprende que las actuaciones irregulares dentro del concurso para la Corte Nacional habrían tenido lugar desde la Dirección General del CJ a cargo de David Alejandro G. C., quien conjuntamente con Milton Fabricio H. M. y Santiago Paúl C. C. y prevaliéndose de las facultades de sus cargos dentro del CJ, en calidad de asesores de la presidencia de la Judicatura, “ejercieron influencias en funcionarios jerárquicamente inferiores con la finalidad de obtener información privilegiada y de esta forma beneficiar a determinados concursantes en varias fases del concurso”.
El expediente del caso Pantalla ya estaría ingresado en la Corte Nacional para que se realice el sorteo de ley para definir qué juez penal del más alto órgano de justicia ordinaria del país toma el caso. Con un juez a cargo lo que restaría es que se defina el día y la hora para que la fiscal general Diana Salazar o el fiscal general subrogante Wilson Toainga lleven adelante la audiencia para vincular al caso al expresidente del CJ, quien asiste por estos días de forma presencial a la audiencia de juzgamiento del caso Metástasis en el que es acusado de ser colaborador de una “empresa criminal” manejada por el narcotraficante asesinado en 2022, Leancdro Norero Tigua. (I)
Fuente: El Universo
