Los beneficios penitenciarios irregulares que se daban a presos y que se revelaron en el caso Plaga también sirvieron para uno de los sentenciados por el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno, que aún está en investigación como un posible delito contra los derechos humanos.
Julio Eduardo Sánchez Salavarría, sentenciado a 35 años de prisión por el crimen de Jorge Gabela y de otro ciudadano, accedió a beneficios carcelarios en 2022 y, según documentos públicos, murió a los 35 años de un paro cardiaco el 8 de octubre de 2023.
El general fue herido de gravedad en su casa, cuando ingresaron varios sujetos, en lo que pareció un robo.
La justicia concluyó que se trató de un delito común y sentenció a tres personas a 25 años de prisión, entre ellas, Julio Sánchez Salavarría, conocido con el alias Sianca, quien fue detenido a sus 23 años en el 2011.
Sánchez acumuló dos penas, por las que la justicia lo sancionó con 35 años de cárcel, pues además de ser sentenciado por el crimen del oficial se lo acusó por participar de otro asesinato por el que también recibió 25 años.
Caso Metástasis: sentencian a exjuez que liberó a sicarios de Leandro Norero y a Jorge Glas
Esto se conoció porque Lindao aceptó sus culpas y rindió un testimonio anticipado en el que relató cómo se involucró en esta red que tenía por detrás al narcotraficante Leandro Norero Tigua (+), en la que, a cambio de dinero, se dictaban medidas cautelares o habeas corpus correctivos.
En octubre de 2022, el abogado Christian Romero Moya, colaborador de Norero, había pedido a Lindao que tramite el traslado de Julio Sánchez de la Penitenciaría del Litoral a la de Archidona, en Napo.
Él no vio mayor problema y se lo concedió. El 15 de noviembre del mismo año, Romero había ingresado una nueva causa para que, a través de un habeas corpus, se dé la libertad a Sianca.
Al exjuez le llamó la atención el nombre -según su narración-, buscó información sobre él y vio que era uno de los coautores del asesinato de Gabela. Para evitar sustanciar el recurso había dado largas a Cristian Romero.
Este abogado, procesado también en Metástasis, le dijo que Sianca era comandante de un grupo de delincuencia organizada (GDO), así que debía tramitar el recurso.
Que no se preocupara porque todo estaba controlado con el director de la cárcel de Archidona, «que todo estaba arreglado y que no se iba a oponer porque le había comprado aires acondicionados y equipos de cómputo para la sala donde se hacían las videoaudiencias».
Lindao convocó a la audiencia y la suspendió. Romero insistió con llamadas telefónicas. Al retomar la diligencia no habrían comparecido las partes procesales y archivó el caso, contó en su testimonio del 17 de septiembre de 2024 ante el conjuez Marco Rodríguez, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Dos semanas más tarde, Romero le envió capturas de pantalla en el que constaban las boletas de libertad de Julio Sánchez y notó que esos documentos habían sido girados por el exjuez Émerson Curipallo.
«(Cristian Romero) me dijo que yo era un marica, que era una niña, que debería tener los huevos del doctor Émerson Curipallo, porque él hace las cosas y no le pasa nada. Y le pregunté cómo es que no le pasa nada». Porque «él arregla todos sus problemas con dinero» le había respondido Romero.
En su testimonio anticipado agregó que no dio la medida porque le pareció «que el asesinato del general Gabela iba a quedar impune. Preferí hacer otras cosas y no dar esa medida cautelar, más que nada porque hasta ese momento yo todavía no había liberado a ninguna persona privada de la libertad en esa circunstancia».
El habeas corpus que habría tramitado el exjuez Curipallo se dio poco después de que alias Sianca apeló la decisión de un juez de Guayaquil que ratificó la acumulación de las penas el 23 de marzo del 2022.
Luego, en noviembre del 2022, un tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ratificó la sentencia y no aceptó el recurso de Sánchez.
En esa coyuntura, Cristian Romero, colaborador de Norero, había empezado a gestionar medidas cautelares correctivas y el habeas corpus para Sianca.
El 13 de diciembre de 2023, horas antes de que se ejecute el operativo Metástasis, liderado por la Fiscalía General, se incorporó al expediente de Julio Sánchez un oficio en el que se pide que le extingan la pena porque está muerto.
En el documento, una abogada refiere que debido a los procesos de su cliente «Julio Alberto Sánchez Salavarría» se le dictó la acumulación de penas por asesinato a 35 años de cárcel.
Pero según la partida de defunción, «Julio Eduardo Sánchez Salavarría» (con cédula terminada en 0245) falleció el 8 de octubre de 2023 en Cuenca (Azuay), por un paro respiratorio, consta en el documento del Registro Civil.
Bajo ese argumento, la defensora pidió que se declare la extinción de la pena impuesta a alias Sianca.
A inicios de este año, un juez de Guayaquil solicitó al Registro Civil que remita el acta de defunción del procesado al que lo identificó como «Julio Alberto Salavarría Sánchez».
El 6 de febrero de 2024, el Registro Civil informa que «no consta registrado Julio Alberto Salavarría Sánchez»; y que, para corroborar mejor la información se envíe el número de cédula de identidad.
El proceso no ha avanzado desde entonces.
Las versiones de los procesados que constan en el expediente de delincuencia organizada en el caso Plaga y Metástasis darían cuenta de que Cristian Romero contaba con la ayuda de funcionarios judiciales que manipulaban el sistema Satje o Expel para evitar que se hagan públicas las decisiones que emitían los jueces que eran parte de esta trama.
Además, la Fiscalía señaló que se falsificaban certificados médicos, con formatos elaborados para que sirvan de prueba ante los magistrados y así se otorguen las medidas cautelares correctivas y habeas corpus a delincuentes condenados por asesinatos, narcotráfico, femicidios…
El mismo narcotraficante, Leandro Norero, alias Patrón, líder de esta red y asesinado en un motín en octubre del 2022, obtuvo una partida de defunción para evitar la justicia.
En el 2014 la Policía Antinarcóticos de Lima (Perú) detuvo a dos ecuatorianos antes de tomar un vuelo a República Dominicana. Ellos confesaron que un hombre les había ofrecido $ 4.000 por transportar la droga y de esa declaración dieron con Leandro Norero, aunque logró evadir a las autoridades.
En el 2020, Perú intentó extraditarlo, pero se conoció que el Patrón había fallecido por COVID-19 en medio de la pandemia.
Tiempo después, en mayo del 2022, fue detenido por lavado de activos en un operativo de la Fiscalía y de la Policía Nacional.
Acciones judiciales continúan desde otras instituciones
Por impulso de la viuda del general, Patricia Ochoa, este caso no se cierra. De hecho, hay una investigación en la Comisión de la Verdad de la Fiscalía relacionado con los derechos humanos.
En el régimen de Rafael Correa se conformó un comité interinstitucional para que se haga una investigación no judicial del asesinato.
En el 2013, este comité contrató al perito argentino Roberto Meza Niella para que haga una pericia, y la administración de entonces concluyó que se trató de un delito común y no de un delito de Estado.
Las sospechas se dan alrededor de que generales de la FAE habrían sido los posibles autores intelectuales debido a las denuncias de corrupción de Gabela en la adquisición de los Dhruv.
Este proceso terminó salpicado de denuncias de Ochoa y Meza de que el informe final o conocido como tercer producto había sido, aparentemente, mutilado y que, entre otras irregularidades, desaparecieron documentos públicos.
Por estas acciones, la Corte Constitucional (CC) aún da seguimiento al cumplimiento de un fallo del 2023 en el que declaró la vulneración al derecho a la verdad de la familia Gabela y, como medidas de reparación, debe entregarse la información del caso. (I)
Diario El Universo