La comisión calificadora que se encargará de elegir tres jueces de la Corte Constitucional (CC) en su segunda renovación parcial está completa, una vez que el Gobierno nacional designó a uno de sus dos delegados que faltaba. Además, se dio como plazo hasta el 24 de octubre para que tres funciones del Estado propongan, en total, nueve candidatos para arrancar con el concurso público.
El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, designó al jurista César Drouet Candel como delegado ante la comisión, en reemplazo de Pablo Defina Bucaram, que renunció semanas atrás.
Con esto, se completa este cuerpo colegiado conformado por seis personas delegadas de las funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social, como lo establece el artículo 434 de la Constitución.
El titular de la Contraloría General y de la Función de Transparencia, Mauricio Torres Maldonado, posesionó este 18 de octubre a César Drouet en esta función.
El ahora comisionado fue funcionario de la Superintendencia de Bancos y la de Compañías. Exconjuez de la extinta Corte Superior de Justicia de Guayaquil, expresidente y actual miembro de la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario, asesor empresarial y miembro del consejo directivo de Solca.
Drouet se unirá a Juan Izquierdo, presidente de la comisión, y a los comisionados Laura Flores, Sonia García, Danilo Sylva y Fernando Yávar, que dieron inicio al proceso de selección con la solicitud de los candidatos.
Como parte de este proceso, se abrieron las inscripciones para aquellos ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil que quieran conformar la veeduría ciudadana, que arrancaron este jueves y concluirán el 23 de octubre a las 16:30.
Los requisitos están contemplados en el reglamento de veedurías expedido por el Consejo de Participación Ciudadana. Pueden entregar la documentación en la Secretaría Técnica de la Función de Transparencia, ubicada en la sede de la Superintendencia de Bancos.
El 10 de octubre pasado, Juan Izquierdo informó a los titulares de las tres funciones, Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia, que tienen el término de diez días para remitir una lista de tres aspirantes a ser juez constitucional. Ese plazo concluiría el próximo 24 de octubre.
La comisión calificadora publicó también el reglamento que se aplicará para el proceso de selección, que contempla las fases de admisibilidad, impugnación ciudadana, calificación de méritos y la oposición, estas dos últimas que se valorarán sobre 100 puntos.
Los comisionados privilegiaron el examen escrito y la comparecencia oral, ya que por cada una de esas etapas los postulantes podrán alcanzar 35 puntos: 70 puntos en total. En tanto, los méritos se puntuarán sobre 30 puntos.
Con esta nueva normativa se derogó el que emitió la anterior comisión calificadora, que la presidió Vanessa Aguirre para la primera renovación de tres jueces, y en el actual texto se incluyó en el apartado relacionado con la calificación de la formación y experiencia profesional un inciso en el que se deja ”a discreción de los comisionados la evaluación sobre la pertinencia de aquellos diplomados que no gocen de prestigio académico”.
Así también, respecto de la experiencia, se otorgará un punto por cada diez garantías jurisdiccionales que hayan patrocinado como denunciante o denunciado en las que haya intervenido en la audiencia pública, sea de forma presencial o telemática.
El documento habilitante será la materialización notarial que consta en el Expel del Sistema de la Función Judicial.
La fase de impugnación se hará luego de la etapa de admisibilidad, en la que se revisa el cumplimiento de requisitos y no incidir en inhabilidades constitucionales o legales para ejercer un cargo público.
Además, si cumple los requisitos fijados por la Constitución para ser juez del máximo organismo de control constitucional, que son ser ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus derechos políticos, tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país.
También, haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años; demostrar probidad y ética; no pertenecer ni haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de ningún partido o movimiento político. (I)
Diario El Universo