Una de las principales trabas para el desarrollo del Ecuador es que las Constituciones se hacen en función de la coyuntura y no de una visión de largo plazo.
“Mala suerte. Las dos últimas Constituciones se redactaron con precios del petróleo extremos y produjeron extremos”, puntualizó Albornoz.
Si se pregunta por qué la Constitución de Montecristi, que es la que está vigente en el país, es estatista, reduce al mínimo las posibilidades de la inversión privada, y fomenta un Estado grande que haga y garantice todo, la respuesta está en el precio del petróleo de la época.
El precio de 2008 es importante porque fue excepcionalmente alto y bajo el cual se redactó la Constitución de Montecristi.
“La actual Constitución ecuatoriana es muy generosa y parte de la base de que el Estado puede financiar muchísimos servicios”, explicó Albornoz
En el otro extremo, la Constitución de 1998 tenía una concepción minimalista con respecto al rol de Estado, y una mayor apertura a la inversión privada.
Esto fue resultado de que se la elaboró a inicios de 1998, cuando el petróleo ecuatoriano se vendía a un promedio de $21 por barril.
“El petróleo es tan importante para la economía ecuatoriana que hasta puede explicar, al menos en parte, el enfoque de las mismísimas Constituciones del Estado”, puntualizó.
Ecuador: cambios constitucionales y legales para salir de la crisis
En 2007, cuando se registró un déficit fiscal de casi cero (0,27% del PIB), el gasto total del Presupuesto General del Estado (PGE) era de $11.126 millones; actualmente, este gasto supera ampliamente los $34.000 millones.
En los últimos años, el gasto público aumentó 2,1 veces; mientras el tamaño de la economía o la riqueza generada cada año creció 1,25 veces.
En otras palabras, mientras el Estado se incrementó a velocidad de crucero (sobre todo entre 2007 y 2014), la economía, la generación de empleo y las empresas se incrementaron a paso de carreta y con muchas dificultades.
Uno de los problemas estructurales del país es que, de la mano de la Constitución de Montecristi y la segunda bonanza petrolera, se estableció un tamaño del Estado y una estructura pública imposible de pagar desde un sector privado golpeado por la sobrerregulación, las trabas para la inversión y la escasa apertura comercial.
Como ya ha analizado LA HORA, todo lo que da el Estado se financia con el esfuerzo de los privados. Nada es gratis. Ecuador ya viene gastando más de lo que ingresa durante años.
En este contexto, Ecuador necesita cambios constitucionales y legales urgentes para tener un Estado que pueda ser financiado sin quebrar la iniciativa privada, y que la inversión fluya a una economía dolarizada que lleva una década estancada (luego de que se terminó en segundo boom petrolero) y casi sin crecer.
A continuación, se detallan algunos de los principales cambios legales y constitucionales que se deberían hacer para que la economía ecuatoriana resurja:
1 Según la Constitución de Montecristi, son “sectores estratégicos”, entre otros, el petróleo, las minas y la energía. La Constitución reserva al Estado el derecho exclusivo de administrar estos sectores y ordena que se creen empresas públicas para gestionarlos.
Óscar del Brutto, docente y máster en Derecho de la Universidad de Pennsylvania, asegura que se debe eliminar el concepto de sectores estratégicos y volver a la libertad que antes existía para la firma de contratos de concesión.
Esa libertad hizo posible, entre otras cosas, la construcción con capital privado del Oleoducto de Crudos Pesados y la constitución de varias compañías privadas que generaban y vendían electricidad al inicio de la dolarización.
En este sentido, se deben cambiar a fondo, por ejemplo, los artículos 313 y 314 de la Constitución actual.
2 La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) ha apoyado una reforma constitucional que abra la posibilidad de la inversión privada en los sectores estratégicos, pero ha añadido que a la par se necesita la implementación de una tarifa técnica y “no política” que cubra los costos, el mantenimiento y la reposición de la infraestructura pública, incluyendo la eléctrica.
3 Entre 2025 y 2050, Ecuador necesitará en promedio inversiones anuales de $3.700 millones (o 3,5 % del PIB) para la mitigación y adaptación climática, principalmente en los sectores de transporte, energía y agricultura. Para eso, según el Banco Mundial, se necesitan reformas estructurales, tanto constitucionales como legales para atraer más inversión privada a esos sectores a los que se debe incluir el petróleo.
4.- Se pueden replicar experiencias como las de Perú. El artículo 62 de la Constitución de ese país impide que los contratos firmados puedan ser modificados por leyes posteriores. En el artículo 79, se estipula que el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar el gasto público. Esto ha contribuido al equilibrio fiscal de los últimos años.
Diario La Hora
