Luego del diferimiento de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del caso Reconstrucción de Manabí, que se dio el 8 de octubre pasado, el conjuez Julio Inga, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), define, por quinta ocasión, para este miércoles, 16 de octubre, la diligencia en la que el exvicepresidente Jorge Glas y ocho personas más investigadas por el delito de peculado conocerán el dictamen de la Fiscalía General del Estado.
En mayo pasado se completaron los cuatro meses definidos para la etapa de instrucción fiscal contra el líder correísta como exvicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico, con quienes se arrancó el proceso penal.
A poco de cerrarse los 90 días iniciales de la instrucción fiscal, en abril último, Inga dio paso a la vinculación de Walter Solís, exministro de Obras Públicas y Transporte (MTOP) del gobierno de Rafael Correa; de Franklin José B. Q., exsubsecretario de la Regional 4 del MTOP; de Boris Sebastián C. G., exviceministro de Infraestructura de Transporte; de Omar Wilfrido Ch. R., exviceministro de Infraestructura de Transporte encargado; de Víctor Salvador J. V., exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob), y de Milton Daniel M, exfuncionario de Inmobiliar.
La fiscal general, Diana Salazar, sostiene que los hechos imputados en este caso radican en el abuso del dinero público que los ecuatorianos entregaron para enfrentar la emergencia en todas las zonas gravemente afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.
Para la Fiscalía, Glas y el resto de los procesados decidieron priorizar proyectos que no obedecían al contexto de la emergencia, reconstrucción y reactivación productiva, lo que provocó que el dinero recaudado por la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana sea usado y destinado a obras que no estaban dirigidas a satisfacer las necesidades emergentes de la población de Manabí y Esmeraldas.
También se asegura que la investigación realizada ha evidenciado que se priorizaron ciertas obras del interés de los procesados y de personas cercanas a ellos, a pesar de que existía la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadió el proceso de contratación pública y que para estas obras incluso se benefició a una empresa relacionada con familiares, por ejemplo, apuntó Salazar, del ahora procesado Carlos Bernal. Se presume que el dinero desviado alcanzaría la suma de $ 367 millones.
Esta es la quinta convocatoria que hace Inga dentro de esta causa penal, luego de cuatro pedidos de diferimiento hechos por la Fiscalía en dos ocasiones (el 16 y 28 de mayo) y por otros procesados (el 26 de junio y el 8 de octubre). Luego del diferimiento, por al menos tres días se mantuvo separada la sala del octavo piso de la Corte Nacional. (I)
