La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), expidió la Regulación Nro. ARCONEL-004/24 denominada “Régimen Económico y Tarifario para la prestación de los servicios públicos de Energía Eléctrica y de Alumbrado Público General”.
Esta resolución fue publicada el 25 de septiembre de 2024.
Allí, entre otras cosas, se establece un nuevo cálculo para la tarifa eléctrica en Ecuador, la cual se incrementará porque, en adelante, debe considerar la amortización de inversiones.
“La energía con el nuevo cálculo cuesta más, entonces el subsidio será mayor, por ejemplo, la tarifa de la dignidad (mismo que debe mantenerse); además, se va a visualizar el subsidio a las mineras”, dijo el consultor energético Jorge Luis Hidalgo.
El problema para aplicar los nuevos costos en la tarifa eléctrica -por ahora- está relacionado a la falta de un informe de costosque debía realizar la Arconel hasta el 30 de junio de 2024.
De acuerdo con Hidalgo, sin este estudio no se puede notificar al Ministerio de Finanzas para que determine cuánto mismo es el subsidio por la energía eléctrica.
Hasta el año pasado, el Gobierno calculaba la tarifa con base al costo de mantenimiento y operaciones del parque eléctrico.
De allí, se determina que la tarifa del sector residencial que deben pagar los ecuatorianos tiene un precio entre USD O,09 centavos y USD 0,68 centavos por kilovatio hora, mientras que el pliego tarifario de alto voltaje, donde están las grandes mineras, va desde los USD 0,05 y USD 0,08 centavos por kilovatio hora.
Ahora, con esta nueva regulación, que es parte de lo que dispone la ‘Ley No más Apagones’, se incluye la anualidad de los activos (amortización de inversiones), ocasionando que la tarifa se sincere, es decir, se incremente.
¿Qué dice la ley No Más Apagones?
El artículo 56 de la “Ley Orgánica de Competitividad Energética”, también denominada “No Más Apagones” de enero de 2024, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, establece que, para calcular el costo del servicio de energía (tarifa al público), se incluirá, en adelante, la anualidad de los activos del servicio eléctrico.
Es decir, con la ley se establece que, para calcular la tarifa eléctrica se debe incluir un cálculo sobre el costo de la infraestructura eléctrica del país (amortización de la inversión).
Y, para ello, la Arconel deberá realizar un estudio técnico para determinar, por ejemplo, el valor anual promedio de los USD 2.400 millones que costó la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.
Se desconoce si este estudio ya fue realizado por parte de la Agencia de Regulación y Control.
Mientras tanto, el artículo 54 la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee) también determina que la Arconel deberá realizar, en el primer semestre de cada año, un estudio para determinar los costos de electricidad para el usuario final.
El artículo 54 establece lo siguiente:
«El Arconel, dentro del primer semestre de cada año, determinará los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización, y de alumbrado público general, que se aplicarán en las transacciones eléctricas, que servirán de base para la determinación de las tarifas al consumidor o usuario final para el año inmediato subsiguiente. (…)”.
Según Hidalgo, este cálculo debe contemplar -como dice la ley- para las empresas públicas y mixtas de generación y transmisión:
Los costos resultantes de los estudios técnicos y económicos elaborados por la Agencia de Regulación y Control Eléctrico.
Mientras que estos últimos estudios deberán considerar lo siguiente:
- La anualidad de los activos en servicio
- Los conceptos de calidad, confiabilidad, disponibilidad, administración, operación y mantenimiento
- Y, los costos asociados con la responsabilidad ambiental
¿Estudio determinará el subsidio a mineras?
Hidalgo señaló que este estudio determinará el costo real de la energía, especialmente para las grandes mineras, donde se revelaría que este sector sí recibe «un subsidio del Estado».
Se desconoce si estos estudios por parte de la Arconel fueron realizados. Cabe señalar que el plazo vencía -según la ley- hasta el 30 de junio.
Jorge Luis Hidalgo se pregunta por qué se está demorando ese estudio. “Lo están demorando al informe arbitrariamente para que no quede evidenciado el subsidio a las grandes mineras”
Cabe resaltar que las mineras señalan que no reciben subsidio y la Cámara de Comercio de Quito pide que se les incrementen los subsidios y los años de concesión minera.
Fuente: Radio Pichincha.
