Desde el jueves 3 de octubre rige un estado de excepción en seis provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro; en el Distrito Metropolitano de Quito (Pichincha); y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay) por grave conmoción interna en el contexto del conflicto armado interno vigente desde enero de este año.
Esta medida, que se mantendrá por 60 días, incluye toque de queda, pero no en todas las localidades. Según el Decreto Ejecutivo 410, la restricción de movilidad es de 22:00 a 05:00 en los trece cantones de la provincia de Los Ríos: Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Puebloviejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma y Montalvo.
El toque de queda rige también en la parroquia Tenguel de Guayaquil y en Durán y Balao, en Guayas. Asimismo, la restricción de movilidad abarca a Camilo Ponce Enríquez (Azuay), La Joya de los Sachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto, los tres cantones pertenecientes a Orellana.
Los servicios de salud pública, de logística, de emergencia vial y otros de sectores esenciales quedan exentos del toque de queda, de acuerdo con el decreto.
Antes de este nuevo estado de excepción, la medida ya se había implementado desde julio y de manera extendida en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. En ese entonces, al igual que ahora, se mencionó que era por grave conmoción interna.
¿Por qué es necesario un nuevo estado de excepción?
Según se señala en el Decreto Ejecutivo 410, desde enero de este año se han documentado 500 homicidios intencionales. De esa cifra, 363 corresponden a dobles asesinatos; 96, a triples crímenes, y así sucesivamente a eventos de hasta 10 víctimas en un solo ataque.
Esto no solo evidencia la brutalidad de los actos, sino también una estrategia operativa que busca causar un impacto psicológico en la sociedad y en las fuerzas del orden.
Las cifras revelan que los grupos de delincuencia organizada (GDO) están actuando con un nivel de planificación y letalidad alarmante, mostrando una tendencia a maximizar el número de víctimas en cada evento violento.
Además, el registro de 109 víctimas colaterales o indirectas durante el mismo periodo da cuenta del costo humano de esta violencia, que no se limita a los objetivos directos de los ataques, sino que también afecta a la población civil.
“Este fenómeno de violencia masiva y sistemática plantea serios retos a la seguridad pública y la estabilidad en Ecuador”, se menciona en el decreto.
El accionar de los GDO ha alcanzado una intensidad de violencia que perturba el orden público de forma crítica (alarma social), es decir, afecta al normal desarrollo de las actividades sociales, económica de la ciudadanía y por ende a sus derechos constitucionales.
Pese a esta situación, el Gobierno sostiene que ha logrado contener estas amenazas con operaciones militares. No obstante, se siguen hallando sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en cantidades importantes, así como armas, municiones, explosivos de grueso calibre en poder de estos grupos armados organizados, es decir, los índices de violencia y criminalidad siguen siendo altos.
Desde el 8 de enero del año en curso hasta el 19 de septiembre se reportaron 27 homicidios intencionales de miembros de la fuerza pública. De esa cifra, 26 víctimas fueron policías y una pertenecía a las Fuerzas Armadas.
Aquello evidencia un desafío directo a la autoridad del Estado, pues hay una intensificación de la violencia en un contexto de conflicto armado interno.
“Este ataque sistemático a las fuerzas de seguridad indica que los grupos delictivos no solo buscan intimidar, sino que están dispuestos a eliminar a aquellos encargados de mantener el orden, lo que eleva la percepción de riesgo para los servidores públicos…”, se señala en un informe del Ministerio del Interior, considerado en el Decreto 410.
A estos funcionarios abatidos a manos del crimen organizado se suman también los ataques en contra del personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
El 3 de septiembre fue asesinado el director de la cárcel de Sucumbíos. El 12 del mismo mes fue acribillada la directora de la Penitenciaría del Litoral y siete días después mataron en Quito a una funcionaria jurídica del SNAI.
Fuente: El Universo.
