El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a cinco jueces y a una secretaria judicial por estar relacionados con el caso denominado Plaga. Según información de la entidad, los magistrados y la funcionaria habrían recibido hasta $ 60.000 por otorgar beneficios penitenciarios a personas privadas de libertad. Por estos hechos, los seis funcionarios están siendo investigados por un presunto delito de delincuencia organizada.
La disposición de la destitución se concretó este jueves, 3 de octubre de 2024. En una sesión, el pleno de la Judicatura determinó separar a los jueces y a la secretaria de sus puestos laborales como una acción contra la corrupción dentro de la Judicatura. En un informe, la entidad detalló los cargos que ostentaba cada uno de los implicados. En ese documento se explica que cuatro jueces y la secretaria pertenecen a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. En cambio, un magistrado laboraba en la Unidad Judicial Multicompetente de Huaquillas, El Oro.
La Judicatura también publicó un mensaje en sus redes sociales sobre este hecho. “La actual administración no permitirá que la corrupción siga erosionando la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. Se investigará y sancionará toda conducta irregular, sin importar el rango que ostenten los servidores judiciales”, señaló el comunicado.
La destitución de los seis funcionarios se aprobó con el voto unánime de los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Merck Benavides y del presidente Mario Godoy.
La destitución de los servidores judiciales se concretó con base en las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 109.11 y 109.19 del Código Orgánico de la Función Judicial. En esa normativa se dice que los funcionarios serán sancionados “por solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que ponen en tela de duda la imparcialidad del servidor judicial”.
El caso Plaga es una trama de corrupción que involucra a jueces, fiscales, policías y abogados de libre ejercicio. Según las pericias de Fiscalía, estos funcionarios gestionaban beneficios penitenciarios y libertades a personas privadas de libertad a cambio de altas sumas de dinero.
Inicialmente, en el caso Plaga estaban procesadas 14 personas por un presunto delito de delincuencia organizada. Pero el pasado 29 de junio se detuvo a 17 personas más.
Tras las detenciones, la Fiscalía pidió prisión preventiva contra los involucrados y en la audiencia detalló su participación en la trama de corrupción. El 30 de junio, el juez a cargo dictó prisión preventiva contra 14 de los 17 detenidos, y a los restantes se les dispuso medidas sustitutivas. (I)
