La vicepresidenta Verónica Abad sufre un revés dentro de la justicia ecuatoriana. La jueza Gloria Mayorga le negó la acción de protección que solicitó en contra del Ministerio del Trabajo por el inicio de un sumario administrativo que le siguió esa cartera de Estado.
La decisión judicial se conoció la tarde de este lunes, 30 de septiembre de 2024. La magistrada emitió su fallo en una audiencia telemática. La vicepresidenta Abad estuvo conectada a la cita judicial. Tras el anuncio del fallo judicial, la defensa de Abad señaló que apelará la decisión de la jueza Mayorga.
Tras la diligencia, Abad se pronunció en su cuenta de la red social X. Allí manifestó: “(Es un) golpe bajo a la democracia, derecho al trabajo digno y a la jerarquía constitucional como principio. Negaron la acción de protección. Es increíble nuestra justicia. Esto no tiene presentación”.
Además, se refirió a la jueza Mayorga: “Para la temerosa magistrada no se configura ninguna afectación a los derechos políticos, tampoco han violentado las leyes ni procedimientos ni a la seguridad jurídica. Apelamos en la misma audiencia”.
La intención de la vicepresidenta es evitar que el Ministerio del Trabajo la sancione con una posible destitución del cargo por el sumario administrativo. Este proceso se le inició a Abad por un posible abandono del lugar de trabajo por tres o más días.
El 10 de septiembre de 2024, la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio del Trabajo solicitó a la Dirección de Talento Humano de la Vicepresidencia un informe técnico motivado sobre el “presunto incumplimiento de la servidora pública”.
El proceso en el Ministerio del Trabajo se da porque aparentemente habría incumplido la orden emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de llegar a Ankara (Turquía) antes del 1 de septiembre. Verónica Abad llegó el lunes 9.
Ante esto, Abad también ha pedido a la Asamblea que fiscalice a la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y a la canciller Gabriela Sommerfeld, por supuesta “persecución política”. El caso se conocerá en el pleno del Parlamento el próximo martes.
En la petición hecha por Abad se solicitaron medidas cautelares y que se suspenda la acción del Ministerio del Trabajo, pero la unidad judicial negó la solicitud en vista de que no se cumplieron los requisitos legales y constitucionales para la procedencia. (I)
