La elección de tres jueces de la Corte Constitucional (CC), como parte de su segunda renovación parcial, se da en un clima de sigilo y detenido debido a que la Comisión Calificadora estaría incompleta por la falta de uno de sus seis integrantes.
Dos meses han transcurrido desde que el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada Prado, dio inicio al proceso de renovación al solicitar a tres de las cinco funciones del Estado para que designen a sus delegados para la conformación de la Comisión Calificadora.
El 5 de agosto de 2025, Lozada pidió a las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social que nominen cada una a dos delegados de fuera de su seno para que formen parte de este cuerpo colegiado, cuya tarea es ejecutar los procedimientos de admisibilidad, calificación de méritos, oposición e impugnación para escoger a tres jueces del máximo órgano de control constitucional, que es de última y definitiva instancia en el país.
La Corte está compuesta por nueve jueces que ejercen funciones por un periodo de nueve años y cada tres se renueva a tres de sus miembros. En febrero del 2022 se produjo un primer cambio y para el 5 de febrero de 2025 debe completarse la segunda renovación de entre seis magistrados.
El 11 de septiembre pasado, la Comisión pareció estar completa con la posesión de seis miembros ante el presidente de la Función de Transparencia, Mauricio Torres Maldonado, contralor general del Estado.
Sin embargo, extraoficialmente se conoció que el delegado propuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, el abogado Pablo Defina Bucaram, había renunciado al encargo.
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional otorga diez días para que, una vez que el presidente de la CC solicite los representantes, las funciones los designen. Pero ninguna cumplió y fueron sumándose a esa instancia en distintos momentos.
El Gobierno nacional seleccionó a Fernando Yávar Umpiérrez y Pablo Defina, que fueron los primeros en ser posesionados por Torres.
El 3 de septiembre de 2024, la Asamblea Nacional, al regresar de su vacancia eligió a Sonia García Mendoza y Laura Flores Arias.
Finalmente, la Función de Transparencia (que integra a nueve instituciones del Estado) escogió a Danilo Sylva Pazmiño y Juan Izquierdo Intriago, posesionados el 11 de septiembre.
Desde entonces, se desconoce qué diligencias se han dispuesto para llevar a cabo las etapas de la selección.
En el portal institucional de la Función de Transparencia no hay un espacio para registrar las actividades de la Comisión, ni los nombres de sus comisionados, tomando en cuenta que la LOGJCC en su artículo 177 establece que la selección y designación de los jueces constitucionales se regirá por los principios de independencia, publicidad, transparencia, celeridad y meritocracia y todas las deliberaciones y decisiones serán públicas.
Se conoció que la Comisión estaba avanzando en la organización del concurso, pero la falta de un integrante estaría impidiéndoles tomar decisiones. Como, por ejemplo, designar un coordinador y secretario.
También deben elaborar el reglamento que fijará los parámetros para elegir a los tres jueces. Luego, se pedirá a las tres funciones estatales que presenten -cada una- listas de nueve candidatos de fuera de su seno.
La ley da un término de cinco días, a partir de la publicación de la convocatoria, para llamar a la ciudadanía y sociedad civil a que se inscriba para formar la veeduría ciudadana.
La verificación del cumplimiento de requisitos de los 27 postulantes a ser juez de la Corte Constitucional, la harán los seis miembros de la Comisión, quienes deben cumplir los mismos requisitos y no incurrir en las prohibiciones establecidas para ser juez.
Las principales que están contempladas en la Constitución: ser ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus derechos de participación política; tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país; haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas, por un lapso mínimo de diez años; y, demostrar probidad y ética, que será valorada a través del concurso público.
Hay ocho inhabilidades, entre las que están haber pertenecido a la directiva de un partido o movimiento en los diez años anteriores a la postulación; los que tengan contratos con el Estado; adeuden pensiones alimenticias, entre otros.
Una vez que asumen estos cargos deben actuar con absoluta independencia de las autoridades que los nominaron.
En ese contexto, los perfiles de los próximos jueces estará en manos de Fernando Yávar Umpiérrez, que después de haber ocupado cargos en el gobierno de Rafael Correa, se dedicó al libre ejercicio y ha sido abogado patrocinador del mandatario Daniel Noboa en algunos procesos judiciales en el ámbito privado.
Yávar fue agente fiscal por el 2006 y la Función Judicial lo delegó en el 2011 para ser parte de la comisión ciudadana que designó como titular de la Fiscalía General del Estado a Galo Chiriboga Zambrano, exministro y embajador de Correa.
Entre el 2013 y 2015 integró el Consejo de la Judicatura de transición, también en la administración de Correa, cuando impulsó una reforma judicial en un referéndum y consulta popular.
Ante la Contraloría General del Estado, la última declaración jurada de Yávar se registra en el 2015.
Pese a que la norma dispone que los comisionados sean electos de fuera de su seno, Laura Flores Arias consta como secretaria relatora de la Comisión de Derecho al Trabajo en la Asamblea Nacional, presidida por Jhony Terán (PSC) desde junio del año en curso.
Ella se vinculó al servicio público en el 2010 como asesora jurídica del Ministerio del Deporte; siguió como abogada del área de derechos humanos en el Ministerio del Ambiente en el 2011; en el extinto Ministerio de Justicia en el 2012; asesora de la expresidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villacís.
Fue funcionaria de la Coordinación Jurídica del Consejo Nacional Electoral en el 2018 y prosecretaria en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en 2018 y 2019. Exasesora en el Banco de Desarrollo del Ecuador; hasta diciembre de 2023 estuvo en la Secretaría Nacional de Planificación como asesora; administradora zonal de Quito en la Alcaldía de Santiago Guarderas.
Su última declaración patrimonial registra pasivos por -$ 21.000.
La comisionada Sonia García Mendoza fue jurídica y asumió cargos de liquidadora en la Superintendencia de Bancos hasta febrero del 2022, cuya patrimonio superaba los $ 1.500.
Danilo Sylva Pazmiño fue parte de la Función de Transparencia, ya que presidió la Superintendencia de Competencia Económica.
Su designación la hizo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de una terna que envió el expresidente de la República Lenín Moreno Garcés.
Sylva fue parte del equipo de trabajo de Lenín Moreno en la Vicepresidencia de la República, durante la primera gestión de Rafael Correa en el 2007; también fue asesor para el equipo negociador de la Iniciativa Yasuní ITT en el 2011 y exasesor de Paulina Padrón, exasambleísta de lo que fue el movimiento Alianza PAIS.
Su patrimonio al concluir su periodo fue de alrededor de $ 200.000.
El comisionado Juan Izquierdo, hasta hace poco gerente jurídico de la Corporación Financiera Nacional (CFN), subsecretario en el Ministerio de Trabajo en periodos en el 2017 y 2019.
Se desempeñó en la Procuraduría General del Estado como director regional, e incluso fue nominado por el exmandatario Guillermo Lasso Mendoza en la terna de designación del Procurador, aunque no fue escogido.
Quienes finalmente integren la Comisión Calificadora tienen cuatro meses para ejecutar el concurso público, ya que antes del 5 de febrero, los jueces de la CC harían un sorteo para definir cuáles de los seis magistrados tendrá que concluir su mandato.
Esto sucederá en medio de la campaña electoral hacia los comicios generales del 2025 y a puertas de la jornada de votación del 9 de febrero.
Fuente: El Universo.
