La Comisión de Seguridad Integral sesionó para continuar con su análisis sobre la construcción del proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia. En esta ocasión recogió observaciones de delegados de tres instituciones del Estado competentes en varias ramas de la inteligencia estratégica.
En representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) intervino José Luis Arcos, quien solicitó a la comisión alinear el espíritu de la ley a lo establecido en los artículos 194 y 195 de la Constitución de la República y considerar que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial, con potestad de dirigir investigaciones preprocesales y procesales penales.
“Por lo tanto, es necesario garantizar el respeto a estos artículos y el respecto a la independencia de funciones y el rol que cumple la dirección y ejecución de procesos de investigación”, señaló.
Sobre la integración del Sistema Nacional de Inteligencia mencionó que, “la FGE debe mantenerse al margen de su conformación, pues al ser dirigido por el Ejecutivo, se pone en entredicho la autonomía de la Fiscalía, sin perjuicio de que esta pueda otorgar su apoyo en labores de inteligencia, respetando los preceptos constitucionales”.
El invitado hizo énfasis en que, “al plantearse que Fiscalía sea un sistema de apoyo al Sistema Nacional de Inteligencia, debería acogerse a las directivas y protocolos emitidos por su ente rector, cuando, al ser un organismo autónomo, no puede ser regulada por una institución con rango de ministerio”.
Por otro lado, César Mena Pacheco, experto de inteligencia tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI) expuso las modificaciones sugeridas por su institución.
Se refirió a la inclusión, en el artículo 9 de la norma, de la conformación de un fondo de gastos especiales incluido en el presupuesto general del Estado, cuya asignación sea calificada como “secretísima”, con la finalidad de direccionarlo y gestionarlo a la protección de víctimas y testigos.
Además solicitó detallar que la coordinación y cooperación de los Subsistemas de Inteligencia podrá se espontánea, con la finalidad de adaptarse a la inmediatez que requiere la inteligencia estratégica y, a su vez, que los requerimientos de información sean entregados de manera segura, gratuita y en el término de 48 horas para que cumplan con este objetivo.
Para concluir, por parte del SNAI intervino María Augusta Pérez, quien destacó la importancia de analizar los aspectos jurídicos de la protección de información de las personas privadas de libertad (PPL), considerando que existen candados legales como el artículo 12 del COIP, respecto al uso y acceso de información personal y familiar.
“Hay que encontrar un justo equilibrio, en atención a los derechos humanos, principalmente cuando se considera que la información requerida puede afectar o vulnerar a hijos e hijas de privados y privadas de la libertad”, dijo.
Sobre las finalidades del proyecto, la compareciente sugirió incrementar dos: una para contribuir a la seguridad integral y ciudadana fomentando la detección de espacios que requieren de mayor presencia estatal; y, otra para contribuir a la seguridad penitenciaria desde la detección temprana de fugas y motines, amenazas al personal penitenciario, prohibición de objetos al interior de centros de privación, entre otras.
La sesión finalizó con la participación de las legisladoras Inés Alarcón y Sandra Rueda, quienes coincidieron en que la exclusión de la FGE del Sistema Nacional de Inteligencia no es adecuada, pues la ley debe propender a la coordinación de todas las instituciones y ser un instrumento de anticipación frente a las amenazas nacionales.
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