La crisis económica, que viene con baja en las ventas, menores ingresos, dificultades para pagar obligaciones y menor acceso al crédito formal, se convierte en un escenario propicio para que más ecuatorianos sean presa fácil de las estafas financieras.
Durante el primer semestre de 2024, ya se registró una caída en ventas en más del 605 de las actividades económicas, pero, en la segunda mitad (sobre todo en los últimos tres meses donde se concentran más del 40% de los ingresos anuales) la situación se puede complicar aún más de la mano de los apagones y los efectos negativos de la sequía en el agro.
En lo que va del año, según información de la Fiscalía General del Estado, se han registrado 17.356 denuncias por estafas financieras, desde créditos preaprobados a cambio de un pago inicial para “gastos administrativos” hasta inversiones con altas ganancias en poco tiempo.
Eso significa un promedio de 66 denuncias diarias de personas perjudicadas en su desesperación por encontrar financiamiento para sus negocios, o para pagar deudas, o por conseguir ingresos que le permitan salir de la crisis.
Andrea Acosta, microempresaria, cayó en los ofrecimientos de “dinero fácil”, porque en su negocio de comida las ventas han caído más de un 30% y se le acumulan deudas atrasadas y pagos de la educación de su hija.
“Las financieras fantasmas utilizan nombres similares a bancos conocidos. A mí me comenzaron a llegar ofertas a mi WhatsApp y al Facebook. La necesidad provoca que se caiga en estafas. Terminé con menos dinero y tuve que recurrir a familiares y amigos para mantener mi negocio”, contó.
En muchos casos, los estafadores compran bases de datos de WhatsApp y mandan mensajes indiscriminadamente hasta que alguna persona “muerda el anzuelo”.
Denuncias de estafas financieras: el doble en Quito en comparación con Guayaquil
De las más de 17.000 denuncias registradas en 2024, más del 47% se concentran en Quito y Guayaquil.
En el caso de la capital, las denuncias llegaron a 5.406; mientras en Guayaquil sumaron 2.817.
Así, en Quito la incidencia de estafas financieras (al menos las que terminan en denuncia formal) es el doble que en Guayaquil.
Como ya ha analizado LA HORA, desde 2022 se ha registrado un aumento en la producción de billetes falsos, vinculada con el chulco y las estafas financieras en Quito.
De acuerdo con Lorena Benalcázar, economista y consultora internacional en temas de “economía criminal”, esto solo es la punta del iceberg.
“Varios estudios internacionales apuntan a que, en promedio, uno de cada 1.000 billetes en circulación es falso. En Ecuador se puede hablar de más de $200 millones al año como piso. Todo esto es parte de la delincuencia y la criminalidad que le quita oportunidades de crecimiento económico al país”, aseveró.
Alrededor de 200 denuncias anuales por estafas con captadoras ilegales de dinero
Durante los últimos tres años, la Fiscalía registra un promedio de 200 denuncias anuales por estafas vinculadas a captadoras ilegales de dinero.
En este sentido, es importante tomar en cuenta que el crimen organizado actúa a través de varias formas de captación ilegal de dinero, puede burlar el control gubernamental y crear verdaderas redes criminales.
Un ejemplo de esto es el esquema Ponzi. Este es un tipo de estafa que atrae inversionistas, a quienes se les promete rendimientos financieros o intereses por sus depósitos en niveles por encima de las tasas que paga el sistema financiero o el Mercado de Valores.
“Estos esquemas persuaden a la ciudadanía con falsos ofrecimientos y con supuestos negocios de riesgo nulo. No obstante, son todo lo contrario. La ciudadanía arriesga completamente sus recursos en este tipo de actividades informales e incluso potencialmente delictivas”, acotó Ballesteros.
Según el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se prohíbe a las personas naturales o jurídicas captar recursos de terceros, mientras que el artículo 143 establece que las actividades financieras son un servicio de orden público, reguladas y controladas por el Estado.
De igual forma, el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con pena privativa de libertad de cinco a siete años, el delito de captación ilegal de dinero. (JS)
Diario La Hora
