La Federación de Docentes Populares, que representa a más de 12.693 maestros, mantuvo un encuentro con el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle Kozhaya, respecto a sus aspiraciones y exigencia de derechos.
Con más de 27 años de servicio, los docentes populares de Ecuador exigieron que el Estado cumpla con el pago del seguro social que han acumulado a lo largo de décadas de trabajo.
Aracely Puetate, presidenta de la Federación Nacional de Educadores Populares (FENAP), informó sobre los educadores populares, que son aquellos alfabetizadores y docentes de centros artesanales de belleza, corte, carpintería y mecánica. “Laborábamos en centros, escuelas, bibliotecas populares, colegios artesanales, colegios populares de ciclo básico y diversificado; alfabetizábamos de forma presencial y a distancia”, señaló.
Enfatizó que los educadores solicitan que se reconozcan los derechos de los educadores populares a la seguridad social, que por ley les corresponde. “Venimos luchando 27 años para que el Estado ecuatoriano nos pague la seguridad social a los Educadores Populares Comunitarios del Ecuador, que somos aproximadamente 13.000 y estamos distribuidos en las 24 provincias del país”, agregó.
Mencionó que sus jornadas de trabajo eran de tiempo completo, al igual que cualquier maestro fiscal. “Contamos con 10, 20, 30, 40, 50 y hasta 60 años de servicio ininterrumpido. Sin embargo, a pesar de todo este tiempo, se nos ha negado el derecho a la salud y a una vejez digna mediante la jubilación”, enfatizó.
Por su parte, el presidente del Parlamento, Henry Kronfle expresó su agradecimiento a los educadores populares por su presencia y enfatizó que los docentes cuentan con total apoyo y respaldo de la Asamblea Nacional. “El primer pilar fundamental en una sociedad para lograr progreso y libertad es la educación y el conocimiento. Ustedes son quienes educan a nuestros niños y jóvenes para ser mejores ciudadanos; son una parte esencial de la obra y construcción social de este país”, afirmó.
Antes de finalizar, el presidente mencionó que se actuará de inmediato para exhortar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Finanzas a que cumplan con las obligaciones y derechos adquiridos que están siendo vulnerados.
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