La legisladora representante de la provincia de Pichincha, Inés Alarcón presentó una iniciativa legal que reforma el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con la finalidad de observar la mínima intervención penal y la proporcionalidad del castigo.
La reforma plantea sustituir la pena privativa de la libertad de tres días, por cometer contravenciones de tránsito de primera clase, con la imposición de trabajo comunitario de sesenta (60) a ciento veinte (120) horas. Las contravenciones descritas en el articulado vigente son: conducir sin haber obtenido licencia; faltar de obra a la autoridad o agente de tránsito; y, exceder los límites de velocidad fuera del rango moderado establecido en el reglamento correspondiente.
Para la proponente, la reforma considera lo establecido en el artículo 3 del COIP sobre la intervención penal, siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas y como último recurso cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales.
En su exposición de motivos, la legisladora argumentó que, “en la actualidad, es un reto concretar el mandato constitucional de mínima intervención penal y, esto, es porque no se han desarrollado correctamente los procesos de despenalización de las conductas que no merecen ser penalizadas, limitando el ejercicio de la acción penal pública solamente en casos necesarios”.
Por último, expresó que, “la mínima intervención punitiva se basa en la idea que el derecho penal debe ser el último recurso en la resolución de conflictos y en la protección de la sociedad. Y, en lugar de recurrir a la sanción y al castigo como primera respuesta ante el delito, debemos considerar alternativas que promuevan la rehabilitación, reintegración y prevención”.
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