En dos frentes se concentran las actividades de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cuyas decisiones ordenarán el panorama hacia las elecciones presidenciales, legislativas y de parlamentarios andinos del 9 de febrero del 2025.
El Tribunal Contencioso Electoral junto con el Consejo Nacional Electoral (CNE) forman parte de la Función Electoral y está compuesto por cinco jueces principales, tres suplentes y un banco de conjueces.
El 13 de febrero de 2024, el TCE declaró el inicio del periodo contencioso electoral para las elecciones generales de 2025, que se extenderá hasta el 31 de diciembre del siguiente año, tiempo en el que será competente para resolver todos los recursos, acciones, denuncias e incidentes que provengan del proceso.
Por ejemplo, sobre la calificación de candidaturas, infracciones electorales sobre rendición de cuentas de gastos de campaña, informes de gasto electoral de los responsables del manejo económico, de representantes legales, procuradores o jefes de campaña de los partidos y movimientos.
En los últimos meses, el Tribunal ha sido protagonista de decisiones polémicas y se verá avocado a dirimir –de ser el caso– los conflictos internos en el gobierno de Daniel Noboa Azín y otras instituciones, relacionados con denuncias por infracciones electorales sobre violencia política de género y campaña anticipada que tendrán efectos en la organización de las votaciones.
Entre enero y agosto de este año, al TCE llegaron doce causas por denuncias por violencia política de género que están en trámite.
En el 2023 hubo 38 casos por esta infracción de las que seis continúan en sustanciación, se informó.
Respecto de infracciones por campaña anticipada o precampaña en el año en curso, se reportan tres. En el 2023 fueron once.
Estas tipificaciones fueron incluidas en las reformas al Código de la Democracia en el 2020, pero ha sido en los últimos meses que los actores políticos han recurrido a aplicarlas.
La asambleísta del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Lucía Jaramillo denunció al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez por esta infracción, en un momento en el que el Gobierno nacional impulsa otras denuncias en su contra por presunta distribución ilegal de derivados de petróleo al que bautizó como el caso Triple A.
La concejala Ana Chóez también lo denunció por violencia política.
Sobre los despachos de los jueces reposan estos y otros casos que podrían definir la coyuntura electoral de movimientos como la Revolución Ciudadana (RC), lista 5, y del oficialista ADN, lista 7, fundado por el actual mandatario.
Una denuncia en ese ámbito se aceptó en contra de la precandidata a asambleísta por la RC Priscilla Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, quien fue sentenciado por un delito sexual.
La denunciante es la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar Méndez, quien en primera instancia obtuvo un fallo a su favor emitido por el juez Fernando Muñoz Benítez
Salazar denunció a Schettini y Angélica Porras, integrantes de un grupo llamado Acción Jurídica Popular –del que también es parte el juez electoral Richard González Dávila– que impulsaron en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) una acusación por, aparentemente, plagiar su tesis de titulación universitaria para sacarla del cargo.
La fiscal declaró ante el juez que fue hostigada e intimidada, así como a sus familiares; y, que las dos mujeres la insultaron con términos como «inepta, incapaz, ignorante, corrupta, 10/20, mentirosa, fraude, ladrona», que eran replicados en las redes sociales.
Las accionadas argumentaron que carecían de sustento los hechos y que lo que habría es impericia para manejar los conceptos. Esto daría lugar a «que se confunda, en ejercicio de nuestros derechos, con violencia política de género por parte de la fiscal general del Estado», dijeron.
El juez Muñoz las declaró responsables de actos de violencia política de género con tintes racistas. A Schettini la sancionó a pagar una multa de 50 salarios y la suspensión de sus derechos de participación política por tres años.
A Porras graduó la pena en una multa de 30 salarios y la suspensión de sus derechos de participación política por dos años.
Además, como una de varias medidas de reparación, que vayan a un centro de apoyo a recibir 40 horas de sensibilización contra la violencia política de género.
La sentencia se emitió el 6 de junio de 2024 y las denunciadas apelaron, aunque han ido incidentando el avance a segunda instancia, ya que recusan a los jueces e impiden estructurar el pleno para resolver el caso.
En el caso de que el Tribunal ratifique el fallo de primera instancia, la sanción en contra de Schettini podría ser no participar.
En expectativa están las denuncias por violencia política que presentó la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, en contra del presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro Esteban Torres y la asesora Diana Jácome.
Esta última contrademandó a Abad y la acusó también de violencia política.
La vicepresidenta pidió sanciones económicas, la suspensión de los derechos políticos; y la asesora también solicita la destitución del cargo de la segunda mandataria.
Estas denuncias no se derivan de las elecciones generales del 2025, por lo que los tiempos para tramitarlas se dan en términos (días laborables).
Las infracciones por presunta precampaña son otro aspecto que, de haber sentencia en firme, traería consecuencias.
A Verónica Abad, también embajadora de Ecuador en Israel, la acusan de haber hecho campaña anticipada cuando fue candidata a alcaldesa de Cuenca en los comicios seccionales del 2023 y piden su destitución.
El denunciante es el vocal del Consejo de Participación Ciudadana Juan Guarderas Cisneros, quien propició este proceso de forma simultánea a la enemistad manifiesta entre Abad y Noboa.
El expediente está en el despacho de la presidenta y jueza Ivonne Coloma Peralta y avanza lentamente, mientras se concreta la intervención de un perito en comunicación que analice las pruebas presentadas por Guarderas.
El jefe de Estado ha intentado alternativas legales, judiciales y políticas para evitar encargarle el poder a Abad cuando él deba pedir licencia sin salario para hacer su campaña presidencial para ser electo para el periodo 2025-2029.
Guarderas presentó otra denuncia por precampaña en contra de César Suárez, candidato a prefecto de Tungurahua en las elecciones seccionales de febrero del 2023. Aún no es admitida.
Otra acción la impulsó en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana: Augusto Verduga Sánchez y Yadira Saltos Rivas (principales) y Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga Macías (suplentes), por incumplir disposiciones del TCE y CNE en la promoción de sus candidaturas en el 2023.
En primera instancia, el juez Fernando Muñoz aceptó la denuncia y los sancionó con la destitución, multas y la suspensión de sus derechos políticos por promocionarse con ayuda de un movimiento político pese a las prohibiciones legales y constitucionales.
Las involucradas apelaron y el pleno resolverá si ratifica lo actuado por el juez de primer nivel o, al contrario, dice que no hubo infracción.
Las decisiones del TCE son de última instancia y el CPCCS tendrá una nueva correlación de fuerzas para llevar a cabo los concursos públicos para elegir a autoridades de control, como los vocales del Consejo Nacional Electoral y un nuevo fiscal general.
Entre las últimas causas que ingresaron hay una denuncia por violencia política interpuesta por la vicealcaldesa de Balzar (Guayas), Lidia Matamoros Alcívar, en contra del alcalde Galo Meza Tobar, que aún no es admitida a trámite.
Y por campaña anticipada se ingresó una causa en contra de la asambleísta y precandidata a la reelección Paola Cabezas, de la RCE, que todavía no es admitida a trámite y no se conocen los fundamentos del recurso.
En menos de diez días, el 2 de octubre a las 18:00, se acaba el plazo para que los partidos, movimientos y alianzas inscriban sus candidatos para las dignidades de presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior; y, parlamentarios andinos.
Según información preliminar, apenas cinco listas para asambleístas provinciales se inscribieron en línea: el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), lista 4, en Sucumbíos; la alianza de la Renovación entre las listas 6-4-16, en Orellana; y Unidad Popular, lista 2, en Guayas.
Las inscripciones pasarán a calificación de las juntas provinciales electorales y al CNE, en donde podrán ser objeto de objeción e impugnación en sede administrativa.
El Tribunal es la última instancia y, en esa línea, el calendario estima que a finales de diciembre se sustancien todos los recursos para dar a conocer el listado definitivo de los candidatos hasta el 30 de diciembre.
Fuente: El Universo.
