El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite tres quejas presentadas contra los legisladores aliados al Gobierno: Lenin Rogel, César Umajinga e Inés Alarcón. Las quejas fueron presentadas por la bancada de la Revolución Ciudadana. El movimiento correista, a través de las asambleístas Jhajaira Urresta, Arisdely Parrales y Paola Cabezas, interpusieron las quejas en contra de los oficialistas.
La RC pide sanciones como la suspensión de funciones de hasta 90 días, sin sueldo, para los tres legisladores. En el caso de Inés Alarcón se argumenta que la asambleísta calificó, a través de medios de comunicación, el pasado 6 de septiembre de 2024, al proceso de juicio político contra la Fiscal General del Estado como “Narco Juicio”. Según los miembros de la Revolución Ciudadana, que eran quienes impulsaban ese proceso, las declaraciones de Alarcón “lesiona el prestigio de la institución, según el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.
En cambio, la queja contra Lenin Rogel (exPSC), se da por los hechos registrados en la sesión 074 de la Comisión de Fiscalización del lunes 9 de septiembre de 2024. Ese día el organismo legislativo se reunió para calificar el juicio de la fiscal Diana Salazar. Sin embargo, la sesión se desarrolló en un ambiente de altas discrepancias. De allí que el movimiento de la RC dice que el legislador Rogel violentó los deberes éticos de la actividad parlamentaria al votar de forma contraria a lo resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional, irrespetando su institucionalidad.
Con respecto al asambleísta César Umajinga se menciona que el legislador, al tener una investigación previa en proceso en la Fiscalía General del Estado, debía principalizar a su suplente o alterno para que asista a la sesión antes mencionada y consigne su voto. “Al no hacerlo vulneró el artículo 142 de la LOFL y 232 de la Constitución de la República del Ecuador”, se expone en la queja.
Con la calificación a trámite de la quejas por parte del CAL, los tres legisladores deberán presentar su contestación en un plazo máximo de tres días. (I)
