El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) definió el 11 de septiembre de 2024 las reglas para elegir, en concurso público, al nuevo Fiscal General del Estado (FGE), que reemplazará a Diana Salazar, cuyas funciones culminan en abril de 2025. El Reglamento de 77 artículos define las fases y parámetros del proceso de designación.
El documento tiene como base las propuestas planteadas por el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni; y las consejeras, Jazmín Enríquez y Johanna Verdezoto, pero deja al margen una iniciativa que había planteado el consejero de línea correísta Augusto Verduga, quien intentó excluir la prueba oral y temas relativos a la probidad.
Sin embargo, el reglamento definitivo tendría vacíos en lo que respecta a otorgar puntajes a los postulantes. Se calificará a los aspirantes sobre 100 puntos, divididos en 50 para evaluar méritos (títulos profesionales, publicación de libros, etc), y 50 de oposición (prueba escrita calificada sobre 30 y prueba oral sobre 20).
Por ejemplo, en el reglamento se otorga 18 puntos al postulante que haya realizado un doctorado en Derecho o Derecho Penal y que haya obtenido su título de doctor (PhD) emitido por una universidad extranjera o nacional, registrado en la Senescyt.
Con 16 puntos (dos puntos de diferencia) se califica una maestría en Derecho Penal y materias como derecho penal, constitucional, administrativo, derechos humanos, política criminal, etc, emitida por una universidad extranjera o nacional.
Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, presume que ese “vacío” en los puntajes por méritos que se otorgarán a los postulantes, no sería casualidad, ni algo “inocente”.
“Si se pone casi el mismo puntaje para obtener un PhD que tarda hasta 7 años y por este mérito recibe 18 puntos; y, si por el contrario ha estudiado un año para obtener una maestría y es calificado con 16 puntos, quiere decir que no se quiere privilegiar a quien más estudios tiene”, afirmó García.
Con estos antecedentes, García cree que se busca “favorecer a candidatos que tengan un expediente mediocre, y que estén adscritos a alianzas políticas que se hayan generado alrededor porque la Fiscalía es la ‘joya de la corona’ para los políticos”, expresó.
Asignar un punto por cada obra o libro publicado, frente al mismo puntaje que se otorgará a postulantes que viven en zonas rurales, en la Amazonía o que al momento de la postulación sean menores de 30 años o mayores de 65 años, genera en García desconfianza en los parámetros del reglamento.
El abogado sugiere que esto se podría corregir asignando un porcentaje mayor a la investigación, formación académica y publicaciones de libros, pero “claramente” se buscaría garantizar que lleguen candidatos sin preparación, alertó.
Prohibiciones para postular a fiscal
El reglamento también contempla las prohibiciones para postular. En el documento de 57 páginas se detalla que no podrán presentarse quienes, en los últimos 10 años hayan defendido procesados en 30 distintos tipos penales como narcotráfico, crimen o delincuencia organizada, terrorismo, sicariatos, secuestro, tráfico de armas, etc.
En el examen oral, que tendrá una calificación de 20 puntos, los postulantes podrán exponer en una audiencia pública, una teoría del caso, alegatos, práctica de la prueba y argumentación jurídica.
Organizan la integración de la Comisión Ciudadana de Selección
El Cpccs deberá organizar la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección que se encargará de designar al Fiscal. Esta instancia estará integrada por cinco delegados de la ciudadanía, además de representantes del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y de la Función de Transparencia y Control Social.
En medio del proceso de selección, el Pleno del Cpccs conocerá y resolverá en última instancia las apelaciones a eventuales impugnaciones que sean admitidas a trámite y enviadas por la Comisión de Selección, o declarar desierto el concurso en caso de inexistencia de postulantes o descalificación de todos los aspirantes, previo un informe de la Comisión de Selección.
