La asambleísta Paola Cabezas, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), presentó una queja contra la legisladora oficialista Inés Alarcón (ADN), por haber cometido una falta grave, y solicita suspenderla por 30 días sin remuneración.
La queja fue presentada este viernes 13 de septiembre de 2024 ante el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. La denuncia contra Alarcón llega un día antes de que la Comisión de Fiscalización se reúna para conocer y calificar el juicio político presentado por ella en contra del exministro de Economía Pablo Arosemena.
Es un escrito de quince páginas, Paola Cabezas detalla que la legisladora Alarcón, perteneciente al movimiento Acción Democrática Nacional, habría incurrido en una falta administrativa grave, estipulada en el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Cabezas pretende que se sancione a su colega por cinco causales, aunque se centra en la participación de Alarcón al interponer una acción de protección para reactivar tres juicios políticos que estaban archivados desde el 1 de julio pasado, estos son contra Sebastián Corral, exsecretario de la Administración; Andrea Montalvo, exsecretaria de la Senescyt; y, Pablo Arosemena, exministro de Economía.
Según Cabezas, esa acción fue una estrategia para que se suspenda el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, que ella junto con su coideario Leonardo Berrezueta solicitaron por incumplimiento de funciones en materia de seguridad y por la irrupción policial en la Embajada de México en Quito, el pasado 5 de abril.
De allí que la legisladora de RC dice que esa acción de protección, concedida por el juez Édgar Romero, debilitó las funciones del organismo legislativo. Esto luego que el magistrado ordenara a la Comisión de Fiscalización que reactive los tres juicios políticos contra los ministros en el gobierno de Guillermo Lasso.
De hecho, el juicio político en contra Sebastián Corral fue archivado este viernes 13 de septiembre por la Comisión de Fiscalización tras el retiro de la solicitud presentada por la legisladora correísta Patricia Núñez.
Por esta razón, Cabezas señala que la asambleísta Alarcón incurrió en dos faltas graves.
La primera tiene que ver con “agredir de palabra a otro u otra asambleísta, funcionarias o funcionarios, servidoras o servidores parlamentarios dentro o fuera del recinto parlamentario”.
Y la segunda sería “hacer uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y de los símbolos de su investidura, tales como credenciales o cualquier otro distintivo, para actos ajenos a su naturaleza y que lesionen el prestigio de la institución”.
Cabezas sustenta su queja con entrevistas que habría dado la legisladora Inés Alarcón a medios de comunicación. Allí habría señalado que los juicios impulsados por los asambleístas de la Revolución Ciudadana en contra de la fiscal son “narcojuicios”.
Otra de las pruebas que presentó la legisladora de la RC señala que Alarcón emitió un comunicado para señalar que la Asamblea debe acatar la decisión del juez Romero y activar los juicios contra los exministros.
“Asamblea Nacional debe acatar la decisión de la justicia y dejar de proteger a los exministros de Lasso”. Este comunicado en su párrafo final señalaba: “La Asamblea debe acatar la resolución judicial sin cuestionamiento alguno por respeto no solo de la decisión judicial, sino a la separación de poderes que es la base de una democracia sólida y saludable. Y no prestarse, una vez más, para que se continúe protegiendo ilegalmente a los exministros de Lasso, con el fin único de acelerar los narcojuicios en contra de quienes están combatiendo a las mafias”.
Ahora, la queja de Cabezas pasará al Consejo de Administración Legislativo (CAL). Este organismo será el encargado de tramitar y verificar si cumple todo los requisitos para su procesamiento. (I)
