Los últimos dos años en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) han estado marcados por escándalos que contribuyen al descrédito de la más alta esfera judicial del país.
La politización en el ejercicio de la presidencia (febrero de 2021) del juez Iván Saquicela, magistrados con investigaciones en la Fiscalía General del Estado y cuestionamientos a la hora de incluir en una terna de candidatos para presidir el Consejo de la Judicatura (CJ) a Mario Godoy, cercano a correísmo han sido parte de esos escándalos.
También se suma un concurso de méritos y oposición iniciado en marzo de 2024, que debía concluir el 22 de octubre para designar nuevos jueces nacionales, pero que fue suspendido en medio de un examen especial en la Contraloría.
Del episodio que envolvió a Iván Saquicela en octubre de 2022, cuando fue descubierto en una reunión clandestina con su primo Virgilio (entonces presidente de la Asamblea Nacional) y el exasambleísta socialcristiano, Esteban Torres, se esperaba una salida institucional para recuperar el prestigio. El mismo día de aquel encuentro, en la CNJ se gestionaba la conformación de una terna para enviar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), para la designación del titular de la Judicatura.
Fue tras la gestión de Saquicela y el Pleno de la CNJ, que el cargo de presidente del CJ, el más alto organismo de administración y de disciplina de la función Judicial, recayó en Wilman Terán, hoy procesado en el caso Metástasis.
A partir de dicho caso también se desataron otros hechos investigativos por parte de la Fiscalía. Con ello, la labor de varios jueces nacionales volvió a ser cuestionada y estar en entredicho.
En diciembre de 2023, la FGE, en un operativo con la Policía, allanó los despachos de los jueces Luis Rivera e incautó un vehículo de Byron Guillén, quien en ese momento asistía a la Cumbre Anticorrupción en Atlanta (Estados Unidos).
Estos magistrados (junto a otros cuatros jueces) fueron obligados a dejar sus cargos en la CNJ, cuando la Judicatura dejó sin efecto, el 12 de enero de 2024, una prórroga hasta 2030 en sus funciones que había dispuesto el entonces presidente Wilman Terán.
Walter Macías, uno de los jueces que concluyó su periodo en enero de 2024, fue mencionado por presuntamente recibir sobornos y resolver casos a cambio de entradas para un concierto del cantante Bad Bunny. Macías negó las acusaciones afirmando que pagó las entradas con su dinero, lo cual está documentado mediante transacciones bancarias.
El caso Plaga volvió a afectar el prestigio de Iván Saquicela, quien renunció al cargo para ser candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de febrero de 2025 por el movimiento Democracia Sí.
En medio de los testimonios anticipados por la trama de corrupción, Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, relató que una empresa privada habría financiado un viaje de Saquicela a México, donde recibió un doctorado honoris causa de una universidad de ese país.
El escándalo que rodea a la administración de justicia apuntó también a Felipe Córdova, actual juez nacional en funciones. Hernández también lo mencionó como beneficiario del viaje a México.
Sobre esta denuncia Saquicela manifestó que todo lo dicho por Hernández es una «venganza del correísmo» a través de un «mensajero de Wilman Terán». Felipe Córdova expresó tener la conciencia tranquila y que acudirá a Fiscalía cuando se lo requiera.
Agustín Acosta: en el sistema judicial hay una “podredumbre total”
Agustín Acosta, presidente de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) capítulo Ecuador, cree que esta es una época nefasta para el sistema judicial porque hay una “podredumbre total”, y aunque los procesos están en fase de investigación, el solo hecho de que se hayan producido allanamientos a sus oficinas o incautación de computadores, es porque habría pruebas.
“Es lamentable que, si el líder de una organización, en este caso, un juez de la Corte está involucrado, peor se puede pedir probidad a los jueces de primera instancia, provinciales o de notarías”, dijo.
La polémica designación de Mario Godoy
En julio de 2011, la entonces vicepresidenta del Cpccs, Mishell Calvache, dejó entrever una cercanía del presidente del CJ, Mario Godoy, con el correísmo. Godoy fue incluido en una terna de candidatos por el presidente de la CNJ, José Suing, quien dijo que la responsabilidad del nombramiento de Godoy le correspondía al Cpccs.
Una vía que permitiría elevar la imagen de la CNJ sería la incorporación de nuevos 10 jueces y 15 conjueces a través de un concurso público. Pero, desde el 26 de agosto la Judicatura declaró la nulidad parcial del proceso de selección por irregularidades. Las causas son investigadas en la Contraloría General del Estado y aún no hay visos de que el concurso se reinicie.
Fuente: La Hora.
