Por «motivos de fuerza mayor» la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no sesionó este 7 de septiembre de 2024, para discutir una sentencia judicial de primer nivel que ordenó revivir tres juicios políticos que fueron archivados por falta de firmas.
Para las 10:30 de este sábado, 7 de septiembre de 2024, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre Zambonino, de la bancada correísta de la Revolución Ciudadana (RC), citó a los legisladores a una sesión para conocer y analizar la sentencia de primera instancia que obliga a reactivar tres juicios políticos planteados en contra de ministros del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza.
Sin embargo, la convocatoria se canceló minutos antes, debido al apagón que afectó a varias provincias en horas de la mañana.
«Se cancela la convocatoria a sesión (…) debido a causas de fuerza mayor que son de dominio público, esto es el apagón masivo en distintas provincias, al no tener conexión por parte de los asambleístas ni del equipo técnico y la imposibilidad de garantizar la conectividad. La sesión será convocada oportunamente», reseña una comunicación oficial.
Desde la bancada gobiernista de Acción Democrática Nacional (ADN), la legisladora Inés Alarcón Bueno interpuso una acción de protección que fue aceptada por el juez Édgar Romero Salazar, de la Unidad Judicial de Quitumbe, en Quito.
En ella se ordenó a la mesa de Fiscalización reactivar de inmediato tres juicios políticos impulsados por el oficialismo en contra de Sebastián Corral, exsecretario general de la Administración Pública y Gabinete; Pablo Arosemena Marriot, exministro de Economía y Finanzas; y, Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior, quienes se desempeñaron en la administración de Lasso.
El fallo se emitió durante la vacancia legislativa y al reintegrarse a sus funciones los legisladores, el 2 de septiembre, Pamela Aguirre informó al magistrado que el pleno de la Comisión de Fiscalización, previa convocatoria y con la votación exigida por ley, decidirá dejar sin efecto el archivo de los tres juicios.
Le dijo que continuaría con el trámite «retrotrayéndose al momento exacto del término del tratamiento con informe aprobado por mayoría calificada, que recomendó el juicio político al exministro Juan Zapata».
Para Romero, el escrito era ambiguo y concluyó que no se cumplió su sentencia.
De tal manera, la sancionó con una multa compulsiva y progresiva diaria del 50 % de una remuneración básica unificada del trabajador en general, es decir, $ 230, la cual se incrementará en caso de incumplimiento por cada día de retraso.
Advirtió que en la Comisión no está solo Aguirre, sino otros asambleístas, por lo que dio 24 horas para que envíen sus reportes sobre el cumplimiento de la sentencia. De no hacerlo también podrían ser multados.
Fuente: El Universo.
