Integrantes de la veeduría ciudadana conformada para vigilar el cumplimiento de la consulta popular de agosto de 2023, que aprobó mantener bajo tierra el crudo del bloque 43-ITT, entregaron un primer informe parcial al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y mencionaron que habría “indicios de incumplimiento”.
El documento fue ingresado la mañana del jueves, 5 de septiembre, por Álex Samaniego, secretario de la veeduría, y la abogada Eugenia Noboa, asesora jurídica del ente.
Ambos aclararon que no podían dar a conocer los hallazgos expuestos en el informe parcial, sin que antes haya sido conocido por el Cpccs, ya que comprometería a la veeduría y su trabajo podría ser invalidado antes de emitir el informe final, el cual se prevé entregar en octubre.
Sin embargo, dijeron que habría “indicios de incumplimiento” del mandato popular, respecto del fin de la explotación petrolera en el ITT.
Aquello surge de la revisión del plan de cierre, desmantelamiento y abandono del bloque 43, que Carondelet entregó a la Corte Constitucional, el 20 de agosto.
Dicho plan gubernamental contiene tres escenarios estimados para el cierre del yacimiento. El escenario escogido por el Ejecutivo proyecta el apagado y abandono de 246 pozos en un lapso de cinco años y cinco meses, que finalizará en diciembre de 2029. La ejecución de ese cronograma inició el pasado 28 de agosto, con el abandono del primer pozo denominado Ishpingo B-56.
Lo dijo en referencia a que el dictamen de la Corte, que dio paso a la consulta popular, se establece que el retiro ordenado y progresivo de la actividad petrolera en el ITT, en un plazo “no mayor a un año” desde la notificación de resultados de la consulta popular. Los resultados fueron proclamados el 31 de agosto de 2023 por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Además, el secretario de la veeduría comentó que todos los escenarios proyectados en el plan gubernamental “incumplen la sentencia (de la Corte)”, por establecen plazos que culminan en cuatro, cinco y en trece años. “Evidentemente, todos estos escenarios, son escenarios de incumplimiento de sentencia”, reiteró.
La veeduría empezó en diciembre 2023, está conformada por once personas y varias organizaciones sociales que promovieron la consulta popular. Las instituciones estatales que son vigiladas por la veeduría son: la Corte Constitucional, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Ministerio de Energía y Minas, y la Defensoría del Pueblo.
Álex Samaniego señaló que la veeduría ha enfrentado “ciertos obstáculos” cuando han solicitado información. “Tenemos ciertos cuestionamientos al accionar de estas instituciones”, dijo.
Adicionalmente, reclamó que junio pasado el Cpccs removió a la persona que colaboraba con la veeduría como asistente técnico y no ha designado a nadie en su reemplazo, lo cual ha dificultado el trabajo administrativo de la veeduría.
La abogada Eugenia Noboa reiteró que la veeduría enfrenta dificultades. Explicó que, de acuerdo a el reglamento de veedurías ciudadanas, el informe parcial deberá ser revisado internamente por técnicos del Cpccs, que emitirán sus observaciones con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
Posteriormente, el documento pasará a manos de la Coordinación de Asesoría Jurídica del Consejo para que revise las conclusiones y recomendaciones, y luego se pondrá en conocimiento del pleno el Consejo de Participación Ciudadana junto con el documento entregado por la veeduría.
Noboa recordó que el 20 de agosto se cumplió un año de la consulta popular, en la cual alrededor del 60 % de los votantes aprobaron que se mantenga en el subsuelo el crudo del bloque 43-ITT, que está ubicado parcialmente en el Parque Nacional Yasuní.
“No se nos ha brindado un asesor técnico, y debido a que ya se ha cumplido un año de que no se ha hecho gran cosa respecto de la voluntad popular, hemos emitido nuestro informe parcial”, dijo al asesora y también mencionó que “se han encontrado indicios de incumplimiento”.
Fuente: El Universo.
