Ingenieros y compañías contratistas de obras públicas en Guayaquil denuncian la existencia de un esquema de extorsión que los está obligando a pagar entre USD 4.000 y USD 8.000 mensuales a grupos mafiosos que controlan las zonas donde se desarrollan los proyectos.
El problema afecta a decenas de procesos de contratación, ya no solo en zonas deprimidas donde la violencia cobra más fuerza, sino que se ha comenzado a generalizar en toda la ciudad, según múltiples reportes recabados por el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas.
La situación es particularmente grave en zonas del sur y del noroeste de Guayaquil, como en el distrito Nueva Prosperina, donde la extorsión afecta a toda actividad.
Las mafias imponen incluso trabajadores a los proyectos, inflando los costos destinados a cubrir los pagos ilegales. Y estos niveles de inseguridad también impactan en los plazos de ejecución.
Ante esta situación, las empresas están desistiendo de participar en licitaciones en puntos críticos, lo que pone en riesgo la construcción de proyectos en barrios necesitados.
De hecho, un concurso para reconstruir una cancha deportiva en la cooperativa Sergio Toral 2 (al noroeste, en Nueva Prosperina), que se preveía adjudicar hasta inicios de agosto pasado, se declaró desierto.
Se trataba de una obra con un presupuesto referencial de USD 246.942 (sin IVA). Y es que los pagos extorsivos por un contrato de ese monto pueden alcanzar hasta USD 40.000 en los cinco meses (150 días) de ejecución, un desembolso del 16% del presupuesto.
Además, las compañías constructoras evalúan el costo-beneficio de mantener por tanto tiempo a los ejecutivos de obras y a los obreros de campo en un estado de constante tensión e inseguridad, según le contó a PRIMICIAS el representante de una empresa afectada.
“Un lavado de manos”
Consultado por estas denuncias, el Municipio de Guayaquil reconoció tácitamente el problema, que inició en 2022 en medio de la crisis de inseguridad, pero subrayó que las compañías constructoras están obligadas a cumplir con las cláusulas del contrato.
“La suspensión de los trabajos por motivo de seguridad no está contemplada dentro de estas cláusulas, ni tampoco el pago de extorsiones”, apuntaron desde la municipalidad y llaman a las empresas a acudir ante la Policía Nacional y a la Fiscalía.
“Cuando algún contratista sufre problemas de seguridad debe acudir a la Policía Nacional y a la Fiscalía para interponer la denuncia respectiva”.
Municipio de Guayaquil
En la Sergio Toral, donde se inauguraron en julio pasado obras municipales de agua potable y un centro polifuncional, el Municipio reconoce que está trabajando de manera directa (es decir con sus propios recursos y personal) en la mejora de las vías del sector.
Mientras que en La Floresta 2 (al sur), donde se había reportado un ataque contra un inspector de obra, el contratista continúa trabajando en rehabilitación vial y en el cambio de la carpeta asfáltica, informó la Alcaldía.
Guillermo Pacheco, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas (y presidente nacional del gremio) cuestionó que en la Municipalidad se “laven las manos” al argumentar que los contratistas ya conocían los riesgos de trabajar en zonas conflictivas.
“No te dan una solución. Se supone que una obra pública debe garantizar la presencia del Estado en el territorio, pero eso no ocurre”, lamentó. Tampoco hay una coordinación con la Fuerza Pública para tratar este problema, dijo.
También rebatió el argumento de que la inseguridad y las ‘vacunas’ extorsivas no sean un motivo para suspender obras, cuando el Código Civil y las mismas cláusulas de contrato establecen la suspensión de trabajos por casos fortuitos o fuerza mayor, argumentó.
“El pago no garantiza nada”
Pacheco dice que desde hace más de 20 años las compañías constructoras aseguraron una cierta estabilidad de los trabajos en zonas conflictivas contratando incluso a quienes podían representar una amenaza de seguridad para los proyectos (una persona del barrio).
Pero el problema ha tomado una dimensión alarmante pues los grupos de delincuencia organizada imponen cuotas exorbitantes, afectando tanto la seguridad como la viabilidad financiera de los proyectos, aseguró.
Las bandas criminales llegan a extorsionar a las empresas con información detallada del monto del contrato, nombres de directivos y accionistas, con sus direcciones -según el gremio-, por lo que sospechan de la colaboración de funcionarios públicos.
“Lo peor es que el pago de la extorsión no garantiza nada. Los operadores de las mafias son gente inestable, sin preparación o drogada y estás expuesto siempre a amenazas y retaliaciones, a problemas dentro de la misma estructura o a la llegada de otra banda”.
Guillermo Pacheco, ingeniero civil.
El mismo dirigente gremial labora como consultor-fiscalizador de estas obras. “Nosotros hemos sido amenazados. Mi personal ha sido secuestrado, retenido. Estamos trabajando bajo amenazas constantes”, afirmó Pacheco.
“Es impredecible controlar estos problemas y desarrollamos nuestros proyectos de obra con incertidumbres cada día”, señaló a condición de anonimato el representante de una empresa que trabaja como contratista tanto con el gobierno central como para municipios.
Por la naturaleza de las operaciones hay contratos en los cuales se requiere dejar la maquinaria en el campo lo que supone las mayores contingencias, contó. “Si no cumplimos con las extorsiones, al día siguiente una o varias máquinas sufren averías”, agregó.
Estas empresas están incurriendo en gastos que elevan el valor de los proyectos, entre ellos vehículos blindados, guardias especiales de seguridad o seguros de vida para los ejecutivos en el terreno.
Contratistas financiando a criminales
El 21 de febrero de 2024, en Flor de Bastión (noroeste), dos ingenieros civiles fueron secuestrados y posteriormente asesinados en una obra de construcción de aceras y bordillos contratada por el Municipio, debido a una retaliación tras el hallazgo de una caleta.
Los familiares de las víctimas responsabilizaron a un presunto intermediario de la banda criminal del sector que tuvo que ser contratado por la compañía constructora.
Y es que las organizaciones criminales también demandan la inclusión de empleados locales en las obras, dependiendo del sector, aunque según el gremio de ingenieros es algo que no se ha generalizado.
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles propone la creación de un sistema que involucre tanto a las empresas de seguridad privadas como a las públicas municipales, bajo la supervisión y coordinación de la Fuerza Pública.
Son los municipios los llamados a liderar el proceso, dijo. En Guayaquil sería la Empresa Pública Municipal para el Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP).
Esto permitiría que las compañías constructoras puedan pagar formalmente por seguridad profesionalizada y armada, capaz de operar en zonas de alto riesgo, además de incluir este rubro en sus contratos y en su facturación.
“Necesitamos crear estructuras de seguridad élite, a nivel interinstitucional, que puedan brindar tranquilidad a los contratistas y a los trabajadores”, sugirió.
De lo contrario, el sistema de contratación pública seguirá alimentando indirectamente a las bandas criminales y los contratistas, contribuyendo a la fuerza al recrudecimiento del problema de inseguridad.
Fuente: Primicias.
