La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional sesionará de forma virtual este sábado 7 de septiembre, a partir de las 10:30, para conocer y analizar la sentencia dictada por el juez Édgar Romero que dispuso reactivar los juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso que fueron archivados por la mesa legislativa de que se retiraran las firmas de apoyo.
Este fallo se derivó de la acción de protección que puso la asambleísta oficialista Inés Alarcón y al ordenar que se retomen los juicios en el orden inicial esto incluiría el de la fiscal Diana Salazar. Ella misma solicitó que se retome luego de haber superado problemas de salud y el Consejo de Administración Legislativa (CAL) acogió la petición.
Ahora la Comisión debe continuar con el proceso de sustanciación del juicio motivado por los asambleístas Gisella Garzón y Héctor Valladares, de la bancada de la Revolución Ciudadana. El CAL recomendó su unificación previa a la verificación de cumplimiento de requisitos.
Una vez calificado el pedido del juicio en el CAL, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, tiene hasta ese mismo sábado 7 de septiembre para entregar a la mesa legislativa la solicitud de juicio y con ello iniciar el proceso de sustanciación.
Garzón, interpelante de la fiscal Salazar, manifestó que lo resuelto por el CAL es lo que correspondía y con ello, la Comisión de Fiscalización debe iniciar el trámite tras una convocatoria; pero dijo que surgen varias inquietudes sobre todo alrededor de la sentencia que pretende suspender el juicio en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, porque con ello todo regresa a foja cero; entonces, qué pasa con el juicio a la canciller Gabriela Sommerfeld, también se vuelve a analizar.
En tanto, en el fallo que dictó Romero concluyó que hubo violación de derechos constitucionales por parte de la Comisión de Fiscalización contra los proponentes de estos procesos de interpelación, ya que pidieron que se les permita presentar nuevas firmas de adhesión en reemplazo de las retiradas, lo que no fue aceptado.
El fallo acepta la acción constitucional de protección de Alarcón, declara la vulneración a los derechos al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, y dispuso dejar sin valor los efectos de las resoluciones 009-CEPFCP-2023-2025-JP, 010-CEPFCP-2023-2025-JP Y 011-CEPFCP-2023-2025-JP, expedidas por la Comisión de Fiscalización en sesión número 58-CEPFCP-2023-2025 de 1 de julio de 2024.
Asimismo, que se retrotraiga lo actuado hasta el momento en el cual tuvo lugar el retiro de firmas, indicando que esta sentencia no alcanza a los juicios políticos que han sido evacuados y resueltos con posteridad a las resoluciones 009-CEPFCP-2023-2025-JP, 010-CEPFCP-2023-2025-JP Y 011-CEPFCP-2023-2025-JP, con la finalidad de no afectar con esta sentencia, los derechos de terceros, así como situaciones jurídicas ya consolidadas.
La Comisión de Fiscalización deberá continuar de forma inmediata con el trámite de los pedidos de enjuiciamiento político en contra de 1) Sebastián Corral Bustamante, exsecretario general de la Administración Pública y Gabinete; 2) Pablo Arosemena Marriot, exministro de Economía y Finanzas; y 3) Andrea Montalvo Chedraui, exsecretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, archivados en virtud de las resoluciones antes detalladas, debiendo la Comisión revisar si se cumple o no con el número de firmas. (I)
