La noche del pasado 4 de septiembre del 2024, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso al pedido de la fiscal general, Diana Salazar, para que se rective el juicio político en su contra, que había quedado suspendido porque su embarazo presentaba un cuadro de riesgo.
Este primer proceso lo puso la legisladora correísta Gissela Garzón en noviembre del año pasado.
El CAL resolvió también unificarlo a otro pedido de interpelación que surgió en mayo de este año. El proponente fue otro asambleísta de la Revolución Ciudadana, Héctor Valladares.
Primer juicio político
“Inacción o actuación sesgada” en una docena de casos de relevancia pública o política y “deficiente gestión administrativa” son las motivaciones del juicio político por “incumplimiento de funciones” que presentó Gissela Garzón.
Garzón expuso una serie de supuestas “acciones u omisiones en los siguientes casos:
- León de Troya
- Encuentro
- INA Papers o Sinohydro
- Lesa humanidad. Octubre del 2019
- Fraude procesal en caso Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo
- Caso Vacunados vip por tráfico de influencias y peculado contra el exministro de Salud Juan Carlos Zevallos
- Caso Tribunal Contencioso Electoral-Santiago Guarderas y Jorge Yunda
- Peculado y enriquecimiento ilícito contra Mauro Falconí, exministro de Salud
- Caso consulta popular 2018. Se usaron recursos públicos en la campaña electoral
- Petroecuador (Danubio)
- Sobornos
- Narcogenerales
Sobre estos procesos, en el pedido de juicio político se menciona que Salazar habría implementado “una verdadera justicia a la carta, selectiva, en la que el ritmo de cada investigación lo imponen los intereses políticos de la fiscal y grupos políticos de poder”.
Respecto a su gestión se analizan tres cuestiones: productividad, acumulación de casos en investigación previa y la protección a la seguridad de los fiscales.
En productividad se menciona que no hay información completa sobre los casos procesados y que lo poco que hay no se puede comparar. “Solo considerando el número de notitia criminis que se ha registrado desde 2020 tenemos un aproximado de 921.532 casos que han entrado a la Fiscalía de los que no se conoce en qué etapa se encuentran, ni cuál ha sido su resolución”.
En el segundo tema se indica que hay 2.304 casos en indagación previa, algo que “es demasiado”, según la legisladora Garzón. Esto denota “una ineficiente gestión en el proceso de investigación y por lo cual se ha pedido desde la Asamblea Nacional que se complemente la información respecto a los casos que han superado los dos años de investigación previa reservada y que pueden ser archivados conforme el artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal”.
El pedido de juicio reseña, en el tercer punto, que entre el 2022 y el 2023 han sido asesinados cinco fiscales. “La Fiscalía General, además de procesar individualmente estos casos, no ha estructurado ningún plan operativo para proteger a los fiscales de la violencia del crimen organizado, sobre todo de quienes se encargan de investigar delitos relacionados con el crimen organizado”.
Segundo juicio político
En tanto, Héctor Valladares acusa a la fiscal de “incumplimiento de funciones” en tres temas:
1. Por no investigar posibles delitos de lavado de activos derivados de informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La UAFE emitió, entre el 2022 y el 2023, 97 informes con sospecha de lavado de activos, pero la Fiscalía procesó solo doce casos. “El resto se ha archivado, al menos hasta el momento que recabamos la información. Eso significa que hay una inacción de la fiscal e incluso podría presumirse que están encubriendo algunos casos relacionados con la mafia, el narcotráfico y con importantes bancos del país”.
2. Según Valladares, también hubo inacción de la fiscal en el caso del abogado Carlos Pareja Cordero. Este proceso fue declarado nulo en segunda instancia porque se violentó el debido proceso. Y la fiscal Salazar no buscó la casación, ni inició un nuevo proceso para corregir lo que estaba mal.
3. El legislador afirma que la fiscal entregó información reservada de casos que se estaban investigando en los chats con el exlegislador correísta Ronny Aleaga, procesado en el caso Metástasis y prófugo de la justicia.
La Comisión de Fiscalizacón debe reunirse en estos días para definir la hoja de ruta del trámite que seguirá el proceso de interpelación.
Fuente: El Universo
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